Ecuador se convierte en el segundo país latinoamericano en legalizar la eutanasia, luego del caso de una paciente con una enfermedad incurable.
Este miércoles, se despenalizó la eutanasia en dicho Estado, convirtiéndose así en el segundo país en legalizar este procedimiento después de Colombia. Este acontecimiento tuvo lugar tras la presentación de una demanda por parte de una mujer de 42 años con una enfermedad terminal, quien logró persuadir a la Corte Constitucional ecuatoriana.
La histórica decisión de despenalizar la eutanasia en Ecuador ha sido el resultado de una intensa lucha judicial liderada por Paola Roldán, una valiente mujer que padece esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad consiste en debilitar progresivamente los músculos y requiere asistencia de oxígeno y personal especializado las 24 horas del día, ella ha sido el motor detrás de la demanda presentada.
Roldán expresó que recibió «muy conmovida y con alivio» el fallo de la Corte Constitucional, que con siete votos a favor de sus nueve magistrados abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel.
La sentencia emitida por la Corte Constitucional, ha establecido la «constitucionalidad condicionada» de la muerte asistida para Roldán. Esta condición implica que el médico lleve a cabo el procedimiento y que Roldan exprese su consentimiento de manera clara, libre e informada, o a través de un representante en caso de no poder hacerlo personalmente.
El mismo tribunal expreso en un comunicado que la sanción por homicidio «no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente».
En agosto del pasado año, Roldán presentó una demanda contra el artículo 144 del código penal ecuatoriano, el cual califica el procedimiento como un homicidio y lo sanciona con una pena de prisión de 10 a 13 años.
Según la demanda, esto implica una sanción a quienes intervengan en la aplicación del derecho a la muerte digna. El escrito argumentó que la muerte digna es un derecho de “quienes padecen y han sufrido enfermedades graves o incurables” y deciden de manera “libre y voluntaria poner fin a su vida” para detener los “sufrimientos o dolores intensos físicos o emocionales”.
La sentencia reconoció la «inconstitucionalidad» del apartado, si bien se espera que el ministerio de Salud presente un proyecto de ley al Congreso para regular el procedimiento. Durante una rueda de prensa conjunta, Farith Simon, uno de los abogados de Roldán, destacó que la decisión del tribunal es de «cumplimiento inmediato» y representa «un hito» para la nación, que históricamente ha sido conservadora y mayoritariamente católica.
La eutanasia es una tema bastante controversial en el mundo, de hecho existen pocos países en el planeta donde la muerte asistida es legal, entre ellos, los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda, España, Colombia y ahora Ecuador.
Colombia era el único país de América Latina en el cual era legal este procedimiento, ya que en 1997, se despenalizó la Eutanasia, pero no fue hasta 2015 que se regularizó y se convirtió en ley. Hasta ahora, con base en los informes de DescLab, entre 2015 y el 31 de octubre de 2022 se han realizado 322 procesos de eutanasia en Colombia
En Colombia, para que la eutanasia sea un procedimiento legal, debe ser practicada por un profesional de la medicina, preferiblemente agotando el procedimiento que establece la Resolución 971 de 2021 y con la autorización del respectivo Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente.
Si bien esta decisión representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de los pacientes, también despierta preocupación ética y morales en la sociedad. La eutanasia sigue siendo un tema sumamente controversial en el mundo, y su legalización plantea interrogantes sobre el cuidado paliativo, la autonomía del paciente y la responsabilidad médica.
Sin embargo, este avance legislativo también requiere una reflexión profunda sobre las implicaciones para el sistema de salud, la formación médica y la protección de los derechos de los pacientes más vulnerables.
Además, la sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana establece condiciones estrictas para llevar a cabo la eutanasia, asegurando el consentimiento claro, libre e informado del paciente o su representante. A pesar de esto, persisten preocupaciones sobre posibles abusos y presiones externas que podrían influir en la toma de decisiones relacionadas con el final de la vida.
El impacto de esta decisión trasciende las fronteras ecuatorianas, ya que representa un hito en América Latina, un país históricamente conservador en temas relacionados con la bioética y la moralidad.
