Después de la medianoche del 11 de septiembre de 2024, el partido Morena, que gobierna México con una notable mayoría, logró implementar uno de los cambios más controvertidos en la Constitución en la historia reciente del país. Esta reforma judicial aspira a transformar de manera integral el sistema de justicia, llevando a México a un panorama inexplorado y cargado de incertidumbre.
Una reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha perseguido durante el último año de su mandato se logra a menos de un mes de ceder el poder a Claudia Sheinbaum, su sucesora, quien ha apoyado la enmienda de manera inequívoca. Este avance se ha conseguido gracias al respaldo inesperado de una de las familias políticas que más ha criticado en la última década: los Yunes, del Partido Acción Nacional (PAN), considerados rivales de López Obrador. Acorralados por la justicia, en el último momento decidieron ceder y facilitar la mayoría calificada de 86 votos que requería Morena.
Desde 1994, representa el cambio más significativo para el sistema judicial, año en el que la Suprema Corte se redujo de 23 a 11 asientos y se creó el Consejo de la Judicatura.
Con el paso de los meses y las crecientes tensiones y advertencias, la propuesta finalmente se ha hecho notar.
La reforma constitucional en los asuntos judiciales federales es un intento de renovar el carácter funcional y estructural del poder judicial que ha surgido en su seno y que ha sido reforzado con legitimidad democrática por consenso de los tres poderes de la Unión, para considerar realmente la toma en cuenta. aspectos que deben cambiarse, no sólo desde el punto de vista del trabajo de los tribunales ejecutivos en los distintos ámbitos en los que operan, sino también desde la perspectiva de un proceso de análisis y desarrollo de propuestas equitativas en beneficio de todos los mexicanos .
En el poder judicial federal ha aparecido la iniciativa «Reforma judicial con el poder judicial»; una reforma profunda que requiere cambios en la Constitución Federal y en varias leyes que regulan la estructura y los poderes del poder judicial y cómo se ejercen.
Dicha reforma propone el sufragio universal para todos los jueces y magistrados del poder judicial federal. De esta manera, se pasará de un modelo profesional basado en exámenes a un sistema de votación. También serán elegidos por sufragio universal los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los magistrados electorales, actualmente designados por el Ejecutivo y el Senado. Además, la misma buscaría implementar el cambio hacia este modelo en los 32 territorios que conforman al Estado Mexicano.
De esta manera, las postulaciones a los cargos judiciales serán entonces propuestas por los poderes del Estado, es decir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Luego de cada convocatoria pública, un Comité de Evaluación deberá ser conformado por profesionales calificados para seleccionar a un breve listado de los aspirantes, el cual será depurado por insaculación, y los nombres finales deberán ser remitidos al poder encargado para su aprobación.
Así, en el caso de que un grupo político domine los poderes ejecutivo y legislativo (como ocurre actualmente en Morena), ese partido tendrá un papel protagónico en la integración de la Comisión y/o la aprobación de nuevos candidatos, escenario el cual podría desembocar en un conflicto. entre el poder judicial y el gobierno al el partido estar más unificado, lo que perpetúa el riesgo de influencia política en futuras nominaciones. Por lo tanto, el modelo propuesto puede facilitar la captura política del poder judicial.
Con lo cual, en su primer año de funcionamiento, las reformas establecerían un Tribunal de Disciplina Judicial, que sería elegido por el pueblo y tendría amplios poderes para vigilar y sancionar a los funcionarios judiciales, así como para evaluar el desempeño de jueces y magistrados.
En los últimos años, el presidente López Obrador y miembros de su gobierno han señalado al poder judicial como un factor clave en la persistencia de la impunidad en México. Han criticado repetidamente a jueces por liberar a personas, sugiriendo que estas decisiones se derivan de actos corruptos o de un formalismo excesivo, promoviendo la idea de que el castigo debería prevalecer sobre el debido proceso legal.
No obstante, según un informe de la Washington Office on Latin America (WOLA), una organización dedicada a la investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas, la mayoría de los casos de impunidad en el país no se deben al poder judicial, sino a fallas en las etapas de investigación dirigidas por las fiscalías. Aunque no se descarta la existencia de corrupción en el ámbito judicial, el análisis de WOLA señala que los jueces, en su mayoría, confirman las detenciones en flagrancia y que la prisión preventiva es una práctica común.
En este contexto, una reforma judicial que incentive a jueces menos inclinados a liberar a detenidos podría aumentar los abusos, afectando principalmente a las personas más vulnerables. Esto podría agravar el control sobre las fiscalías y las fuerzas de seguridad, incrementando las detenciones arbitrarias y las omisiones en las investigaciones.
Así pues, una de las reformas constitucionales propuestas busca ampliar nuevamente el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa (PPO). Esto implicaría que se añadirían más delitos a la lista en los que los jueces no tendrían la opción de evitar el encarcelamiento de la persona durante su proceso penal, sin necesidad de que las fiscalías justifiquen la privación de la libertad. La PPO, de por sí, representa una violación de los derechos humanos y afecta gravemente el funcionamiento del sistema penal. En lugar de expandirse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el Estado mexicano está obligado a eliminar esta práctica.
