Un juez federal ha bloqueado la implementación de una nueva ley en Utah que tenía como objetivo salvaguardar la salud mental de los jóvenes, la cual requería que las plataformas de redes sociales verificaran la edad de sus usuarios y establecieran limitaciones para las cuentas de los menores.
El juez de distrito Robert Shelby dictó el martes una medida cautelar, tras llegar a la conclusión de que era probable que el grupo comercial de la industria tecnológica NetChoice estableciera que la ley contravenía la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al restringir de manera inapropiada los derechos de libertad de expresión de las empresas de redes sociales.
Dicha decisión es el resultado final de una secuencia de sentencias judiciales que obstaculizan las normativas creadas para proteger a los jóvenes en línea, las cuales fueron promulgadas por los Estados ante la creciente preocupación por los peligros que las redes sociales representan para la salud mental de los niños.
«El tribunal reconoce el sincero deseo del Estado de proteger a los jóvenes de los nuevos retos asociados al uso de las redes sociales», escribió Shelby. Sin embargo, recalcó «incluso la legislación bienintencionada que regula la expresión basada en el contenido debe satisfacer un nivel tremendamente alto de escrutinio constitucional», y que la ley de Utah no lo hacía.
El fiscal general de Utah, el republicano Sean Reyes, dijo que su oficina estaba analizando el fallo para determinar los pasos a seguir. «Mantenemos nuestro compromiso de proteger a los jóvenes de Utah de los efectos nocivos de las redes sociales», afirmó en un comunicado.
El gobernador Spencer Cox, perteneciente al partido republicano, habría promulgado en marzo la Ley de Protección de Menores en Redes Sociales en Utah. Esta normativa reemplaza parcialmente una ley anterior que regulaba las redes sociales, la cual fue derogada por el estado después de que NetChoice interpusiera una demanda para bloquear su implementación.
La reciente legislación comenzaba a aplicarse el 1 de octubre, exigiendo a las plataformas de redes sociales implementar mecanismos de verificación de edad para identificar si un usuario era un menor. Además, requería que estas empresas establecieran configuraciones de privacidad específicas para las cuentas de los usuarios menores de edad.
NetChoice, cuyos integrantes incluyen a Meta Platforms (META.O), Facebook e Instagram, YouTube de Alphabet (GOOGL.O), Snapchat de Snap Inc (SNAP.N) y X de Elon Musk, argumentó que la normativa imponía restricciones injustificadas al discurso de las empresas, basadas en el contenido.
Dentro del contexto del marco legal venezolano, existe La Ley Contra Delitos Informáticos, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.313 el 30 de octubre del 2001, que tiene por objetivo ser utilizada como una herramienta o instrumento legal para proteger a todas las personas que empleen la utilización de la tecnología de información.
Esta legislación tiene como objetivo fundamental proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, así como establecer medidas para la prevención y persecución de los delitos informáticos. En un contexto donde el uso de internet y las tecnologías digitales ha crecido exponencialmente, esta ley se convierte en una herramienta esencial para combatir y sancionar el cibercrimen.
Uno de los aspectos más destacables de esta ley es su enfoque en una amplia gama de conductas delictivas, que incluyen el acceso ilícito a sistemas informáticos, la interceptación de datos, el sabotaje informático, la elaboración y distribución de virus o malware, y el fraude informático. Asimismo, la legislación contempla sanciones que van desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito cometido. Esto permite a las autoridades venezolanas contar con un marco legal claro para la investigación y el enjuiciamiento de estas conductas.
Otro aspecto relevante de la Ley de Delitos Informáticos es su disposición sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet y las plataformas digitales. Esta normativa los obliga a colaborar con las autoridades en la identificación y sanción de actividades delictivas, promoviendo así un entorno más seguro para los usuarios en línea. Además, la ley establece protocolos para la conservación de datos que pueden ser utilizados como pruebas en la persecución de delitos, fortaleciendo la capacidad del sistema judicial para abordar estos crímenes.
