Marjolein Faber, ministra de Asilo y Migración de los Países Bajos, ha comunicado este miércoles a la Comisión Europea su intención de que los Países Bajos se excluyan voluntariamente de la política migratoria de la Unión. Faber, quien es parte del Partido por la Libertad (PVV) liderado por el ultraderechista Geert Wilders, que actualmente forma parte del Gobierno, busca limitar al máximo la inmigración y el número de solicitantes de asilo. En la misiva enviada a Bruselas, expresa su deseo de que otros países miembros se unan a esta iniciativa. La Comisión Europea ha recordado que una decisión de este tipo requiere modificaciones en la legislación que rige la Unión Europea.
La búsqueda de la exclusión voluntaria por parte de Faber podría extenderse a lo largo de varios años, ya que requiere la modificación del Tratado Europeo y el acuerdo unánime de todos los Estados miembros. Este proceso es de larga duración, como ella misma reconoce en la carta que ha enviado a la Comisión. En cierto sentido, la rapidez de su actuación es un gesto simbólico, dado que no resultará en una limitación inmediata de la inmigración. Sin embargo, la ministra no oculta su deseo de “motivar a otros Estados miembros a unirse a esta iniciativa para avanzar en el asunto migratorio”. El pasado jueves, en su presentación del programa de Gobierno, el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, subrayó que seguiría trabajando en la política común de asilo de la UE. “Pero, al final, queremos configurarla de la manera que consideremos más conveniente”, aclaró.
Al acusar apenas recibo de la petición, Anitta Hipper, portavoz comunitaria de Interior, declaró que la Comisión Europea no esperaba cambios inminentes” sobre la normativa de asilo y migración, la cual sigue siendo obligatoria en Países Bajos.
Aunque su solicitud ha tenido un notable impacto, Marjolein Faber reconoce en su misiva que los Países Bajos priorizan la ejecución del pacto migratorio aprobado en mayo de 2024 por los Veintisiete. Este acuerdo compila las normas de aplicación para las personas en situación irregular que llegan a la UE, y la portavoz Hipper ha agradecido que se haya subrayado este punto. No obstante, a pesar de esta declaración, la ministra neerlandesa desea demostrar ante el electorado que está avanzando en el programa de Gobierno.
Hungría, por su parte, busca seguir el ejemplo de otros países. Bóka János, ministro encargado de la Unión Europea en el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, declaró este miércoles en X: “Es imperativo implementar medidas drásticas para detener la migración ilegal; el Gobierno húngaro se unirá a los Países Bajos en la solicitud de una exclusión voluntaria de las normativas de asilo y migración de la UE, siempre que una enmienda del Tratado lo permita”. Además, añadió: “Se llevarán a cabo las acciones legales y administrativas necesarias. Hungría es y seguirá siendo un miembro comprometido del espacio Schengen”.
Entre las medidas que ha anunciado el Gobierno de los Países Bajos para restringir el asilo se encuentra la eliminación del estatus indefinido y la reunificación familiar para hijos adultos. Un refugiado sólo podrá reagrupar a su familia si dispone de ingresos estables, una vivienda adecuada y ha residido legalmente durante dos años. Además, las personas que no cuenten con un permiso de residencia pueden ser deportadas de manera forzada si así se requiere.
Actualmente, solo tres países de la UE tienen cláusulas de exclusión voluntaria en diferentes áreas: Dinamarca, Irlanda y Polonia. Dinamarca no ha adoptado el euro y se encuentra fuera de la unión económica y monetaria, además de no participar en la cooperación en justicia y seguridad. Esta situación también se aplica a Irlanda, que no es parte del acuerdo de Schengen, aunque puede optar por implementar algunas de sus disposiciones. Por su parte, Polonia no está sujeta a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, aunque estos derechos son invocados en otros aspectos de la legislación europea, según el portal de acceso al Derecho de la Unión Europea.
