Donald Trump ha ganado las recientes elecciones de los Estados Unidos por segunda vez, procediendo a convertirse así en el presidente número 47 de la nación norteamericana.
Uno de sus postulados más vigorosos y polémicos, clave en gran parte para su arrase en los rallys y mitines de sus campañas que le propugnaron el apoyo y dispararon su popularidad entre los republicanos, dándole su victoria reciente, está por ver qué tan factible es: la deportación masiva de inmigrantes ilegales.
Durante la campaña, su equipo respondió de distintas formas a la pregunta de cuántos migrantes podrían terminar siendo expulsados.
Sin embargo, el compañero de fórmula del candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, proporcionó una cifra específica en una entrevista con la cadena ABC.
«Comencemos con un millón de personas. Ese fue el punto en el que Kamala Harris no tuvo éxito, y a partir de ahí podemos iniciar nuestro trabajo», afirmó el senador de Ohio y aspirante a vicepresidente, JD Vance, quien se perfila como el próximo vicepresidente de Estados Unidos.
Esta propuesta se encuentra incluida en la plataforma electoral de Trump, bajo el lema «¡Deportaciones masivas, ahora!». No obstante, los especialistas advierten que la expulsión de un número tan elevado de personas conllevaría una serie de complicaciones tanto legales como prácticas.
Sin embargo, una tarea de tal ambición, conlleva también al cuestionamiento sobre el alcance y la factibilidad de la misma. Esto conduce a la pregunta: ¿qué desafíos legales implicaría la ejecución de dicha propuesta, y bajo qué panorama?
1. Desafíos legales y logísticos
Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional y el Pew Research Center, se estima que alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados residen en Estados Unidos, un número estable desde 2005. Gran parte de estos inmigrantes son residentes de larga duración; aproximadamente el 80% ha vivido en el país durante al menos una década. Esta situación plantea desafíos legales considerables, ya que todos los individuos, incluidos los que no poseen un estatus migratorio regular, tienen derecho al debido proceso, que incluye la posibilidad de una audiencia judicial antes de ser deportados.
Para implementar un programa de deportación masiva, la administración Trump tendría que enfrentar el sistema de tribunales de inmigración, que actualmente se encuentra sobrecargado y con demoras significativas en la resolución de casos. Un aumento drástico en el número de deportaciones requeriría una expansión sustancial de este sistema judicial, lo cual implicaría una serie de modificaciones y recursos adicionales.
2. Cooperación limitada entre agencias locales y el ICE
La mayoría de los inmigrantes en situación irregular han sido detenidos por la policía local, no directamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, muchas ciudades importantes de Estados Unidos han aprobado leyes que limitan la colaboración entre las fuerzas policiales locales y el ICE, estableciendo así las llamadas “ciudades santuario.” Estas políticas representan un obstáculo para un programa de deportación masiva, ya que dificultan la captura y el traslado de inmigrantes indocumentados.
La administración Trump ha anunciado que tomará medidas contra estas ciudades, aunque el marco de leyes locales, estatales y federales complica la situación. Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Políticas de Migración, señala que la colaboración de las autoridades locales con el ICE es fundamental para facilitar un programa de estas características. Sin la cooperación local, el ICE tendría que localizar a los inmigrantes en sus comunidades, un proceso significativamente más difícil y menos eficiente.
3. Resistencia de las autoridades locales
La falta de cooperación por parte de ciertas jurisdicciones locales es otro obstáculo importante. Un ejemplo de esta resistencia se dio en agosto, cuando funcionarios de las oficinas del alguacil en los condados de Broward y Palm Beach, en Florida, declararon públicamente que no asignarían agentes para ayudar en operaciones de deportación masiva. Kathleen Bush-Joseph explica que este tipo de oposición es común en otros condados, lo que complica aún más la implementación de un programa de esta magnitud.
4. Posibles consecuencias legales y demandas judiciales
Además de los desafíos logísticos y de cooperación interinstitucional, un programa de deportación masiva enfrenta importantes implicaciones legales. La implementación de una política de estas características probablemente generaría una serie de demandas legales, especialmente de parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos pro inmigración. Estas entidades argumentarían, entre otras cuestiones, que las deportaciones masivas violan principios de derechos humanos y, posiblemente, leyes internacionales en casos específicos. Los recursos legales adicionales que se derivarían de estas demandas podrían bloquear o ralentizar el proceso de deportación, añadiendo otra capa de complejidad a su factibilidad.
