El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó este miércoles una reforma constitucional que otorgará a él y a su esposa, Rosario Murillo, control absoluto sobre los tres poderes del Estado. La propuesta, denominada “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, fue enviada con carácter urgente a la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría.
Entre las modificaciones, se encuentra la creación del cargo de “copresidenta” para Murillo, actualmente vicepresidenta. Esta nueva figura la equiparará en funciones a Ortega, consolidando su posición de poder. Ambos, además, serían nombrados “coordinadores” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que dejarán de ser reconocidos como independientes.
La reforma también propone extender el mandato presidencial de cinco a seis años y otorgar inmunidad a los dos copresidentes durante ese periodo. Según Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, la aprobación se espera para este viernes.
Otros cambios destacados incluyen la oficialización de los “policías voluntarios” como cuerpo auxiliar de la Policía Nacional. Aunque el gobierno los define como ciudadanos que prestan servicios de forma voluntaria, organizaciones de derechos humanos han señalado a estas brigadas por reprimir y disparar contra manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2018.
Asimismo, la reforma permitiría destituir a funcionarios públicos que no respeten los “principios fundamentales” del régimen, una práctica ya existente de manera informal, según denuncias. También endurecería las restricciones a la libertad de expresión, limitándola a cuando “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar” establecidos en la Constitución.
En un movimiento sin precedentes, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de Ortega, sería reconocida como símbolo patrio junto con la bandera nacional, el himno y el escudo.
Esta reforma afectará más de 100 artículos de la Constitución y representa la decimotercera enmienda desde que Ortega llegó al poder en 2007. Entre las más controvertidas se incluye la eliminación de límites para la reelección presidencial, lo que ha permitido al mandatario renovar su cargo en repetidas ocasiones. Procesos electorales recientes, como el de 2021, han sido señalados por países y organismos internacionales como fraudulentos, debido a la falta de participación de la oposición, cuyos principales líderes fueron encarcelados o suspendidos.
Ortega, de 79 años, y Murillo gobiernan juntos desde 2017. De aprobarse esta reforma, consolidarían aún más su control absoluto sobre las instituciones del país, en un contexto de creciente represión y denuncias internacionales sobre autoritarismo.
