La Corte Suprema de los Estados Unidos abordará este miércoles un tema de gran relevancia política y social: los derechos de las personas transgénero. La Corte Suprema escuchará los argumentos argüidos por los abogados de Biden y de los jóvenes transgénero de Tennessee en el caso relacionado con la impugnación de la prohibición de Tennessee sobre el tratamiento médico de afirmación de género para menores. Esta disputa jurídica se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos del año, dado el impacto que tendrá en la legislación federal y en el tratamiento de las personas trans en todo el país norteamericano.
El caso de Tennessee: ¿una violación a la igualdad de protección?
La disputa gira en torno a la ley SB 1 de Tennessee, firmada por el gobernador republicano Bill Lee en 2023. Esta legislación prohíbe la administración de terapia hormonal y bloqueadores de la pubertad a menores de 18 años, imponiendo sanciones civiles a los médicos que violen estas restricciones. Además, la ley establece que las cirugías de afirmación de género también están prohibidas, aunque esta última disposición no forma parte de la impugnación en curso. Según los redactores de la ley, los menores no tienen la madurez suficiente para comprender las consecuencias de estos procedimientos médicos y, por lo tanto, el Estado tiene un interés legítimo en protegerlos durante una etapa crucial de su desarrollo.
La ley fue inicialmente impugnada por un grupo de menores trans, sus padres y un médico del estado que trataba a jóvenes con disforia de género. En 2023, un juez federal bloqueó temporalmente la ley al considerarla una violación de la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ª Enmienda. El juez Eli Richardson, designado por el expresidente Trump, aplicó un «escrutinio elevado«, un estándar de revisión constitucional/judicial que exige que el Estado demuestre que sus medidas son «sustancialmente» necesarias para lograr un interés gubernamental importante.
Sin embargo, la decisión fue apelada, y el Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito de EE.UU. cambió el enfoque, considerando la ley bajo un estándar de «base racional», más laxo. Este cambio de enfoque permite que las leyes que afectan a grupos minoritarios sean aprobadas si pueden justificar un interés legítimo del Estado, aunque no necesariamente deben estar relacionadas de manera sustancial con ese interés. Este fallo ha sido criticado por los abogados de los impugnadores, quienes argumentan que la discriminación contra las personas transgénero debería ser tratada como una categoría «cuasi sospechosa», similar a la discriminación por raza o sexo.
El contexto de las leyes anti-trans a nivel nacional
El caso de Tennessee es solo uno de los muchos ejemplos de una tendencia creciente en los estados dirigidos por el Partido Republicano, que han promulgado leyes que limitan los derechos de las personas trans, especialmente los de los menores.
Desde 2020, se ha producido un aumento en las iniciativas legislativas a nivel estatal que restringen el acceso a tratamientos médicos de afirmación de género. En la actualidad, más de 110,000 adolescentes viven en estados donde estas restricciones están en vigor, según datos del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de UCLA. Esta situación refleja el creciente protagonismo de la comunidad trans en la política estadounidense, a medida que sus derechos son utilizados como un punto de discusión polarizador, tanto en las elecciones como en el debate público.
Aunque la comunidad transgénero representa una fracción pequeña de la población estadounidense, el tema de sus derechos ha cobrado un protagonismo notable. Las políticas que afectan a esta comunidad se han convertido en un eje importante de las elecciones de 2024, y figuras políticas como el expresidente Donald Trump han prometido recortar aún más los derechos de las personas trans, especialmente en lo que respecta a su acceso a servicios médicos.
El rol de la Corte Suprema en la protección de los derechos de las personas trans
Este caso es de especial importancia porque es la segunda vez en los últimos años que la Corte Suprema aborda la cuestión de la protección legal para las personas transgénero. La primera vez que el alto tribunal trató un tema relacionado fue en 2020, en el caso Bostock v. Clayton County, en el que se dictaminó que la ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en el lugar de trabajo también protege a los empleados homosexuales y transgénero. En ese fallo, liderado por el juez Neil Gorsuch, la Corte estableció que la discriminación laboral contra las personas transgénero está intrínsecamente vinculada al sexo de la persona, lo que implicó una expansión significativa de los derechos laborales de las personas trans.
Sin embargo, el caso de Tennessee tiene un alcance más amplio, ya que podría determinar si las personas transgénero deben recibir una protección legal más amplia contra la discriminación en todos los ámbitos, no solo en el lugar de trabajo. Algunos expertos legales sugieren que este caso podría definir, en última instancia, el nivel de protección constitucional para las personas transgénero en relación con leyes estatales que les afecten.
El impacto en futuras leyes contra los derechos trans
El fallo que emita la Corte Suprema tendrá un impacto profundo no solo en Tennessee, sino en otros estados que han promulgado leyes similares. De ser confirmada la inconstitucionalidad de la ley de Tennessee, otras leyes similares podrían ser anuladas, sentando un precedente importante para la comunidad transgénero en Estados Unidos. Por otro lado, si la Corte respalda la ley, podría sentar las bases para la aprobación de más leyes restrictivas en otros estados, consolidando un enfoque más conservador hacia los derechos de las personas trans.
Los abogados del gobierno de Biden han argumentado que la ley de Tennessee debe ser revisada bajo un «scrutinio elevado», el mismo nivel de análisis que se aplicó en el caso Bostock. Según la procuradora general, Elizabeth Prelogar, las leyes que discriminan a las personas transgénero deben ser sometidas a un escrutinio riguroso, dado que estas clasificaciones suelen basarse en estereotipos de género y pueden infringir derechos fundamentales.
Los jueces claves del asunto
El tribunal tiene una composición mayoritariamente conservadora, lo que ha generado preocupaciones sobre el futuro de los derechos de las personas trans. Sin embargo, el caso Bostock mostró que incluso los jueces conservadores como Gorsuch y Roberts pueden adoptar una postura más inclusiva cuando se trata de derechos fundamentales. Estos jueces, junto con otros como Amy Coney Barrett, serán cruciales en la decisión final.
Uno de los momentos más simbólicos de este caso será la intervención de Chase Strangio, quien será el primer abogado transgénero en argumentar ante la Corte Suprema. Strangio, que representa a los menores trans que impugnaron la ley, ha declarado que su presencia en el tribunal es significativa, ya que refleja el acceso a la atención médica que está en el centro de la disputa legal.
Conclusión: ¿un futuro incierto para los derechos trans en Estados Unidos?
El caso EE.UU. contra Skrmetti es uno de los más significativos en la historia reciente de los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos. Su resolución tendrá un impacto duradero no solo sobre la ley de Tennessee, sino sobre la legislación que afecta a millones de personas trans en todo el país. A medida que el debate sobre los derechos de las personas trans continúa, este caso podría marcar un punto de inflexión crucial para la comunidad y para el futuro de las políticas sobre igualdad de género en Estados Unidos.
