Mucho se ha comentado sobre la orden ejectuvia que firmó Donald Trump, horas antes de culminar su mandato y que difiere la deportaciones de más de 145.000 venezolanos durante 18 meses. Sin embargo, reina la desinformación sobre el alcance real de esta medida. Veamos;
Como recordaran, Trump afirmó que hubo una crisis económica catastrófica y escasez de productos básicos y medicinas que obligó a cinco millones de venezolanos a abandonar el país. Por tanto, era de interés de política exterior de Estados Unidos aplazar la deportación de ciudadanos venezolanos. Para ello, firmó una orden ejecutiva que efectivamente aplazaba por 18 meses la deportación de cualquier ciudadano venezolano, que se encontrara presente en los Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021.
Primeramente, es importante aclarar que esta medida no es aplicable a los inmigrantes que regresaron voluntariamente a su país, y que no han residido continuamente en los EE. UU; o que son inadmisibles o removibles según la Ley de Inmigración y Nacionalidad .
Tampoco se aplica a los inmigrantes que fueron condenados por algún delito mayor o por dos o más delitos menores en los Estados Unidos.
Y tampoco aplica para sujetos sometidos a extradición; que son un peligro para la seguridad pública; o cuya presencia tendría consecuencias adversas de política exterior potencialmente graves para Estados Unidos.
Esta medida decretada mediante orden ejecutiva consiste en un programa de Salida Forzada Diferida o DED, que fáctica y políticamente responde a la imposibilidad de Donald Trump de impulsar durante su mandato el estatus de Protección Temporal a los venezolanos o TPS, que a diferencia del Programa de Salida Forzada Diferida; es creado por el Congreso y esta respaldado por un marco legal que otorga un estatus migratorio a sus beneficiarios, mientras que el DED es simplemente una extensión de la autoridad del presidente para conducir la política exterior.
Si bien, el DED brinda protecciones críticas; solo la designación de un TPS por parte del Congreso ayudaría a los venezolanos elegibles a acceder a la ciudadanía bajo la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos, además un TPS autorizaría hasta $ 10 millones para mejorar los sistemas de registro de migración y asilo, y establecer centros de recepción y capacidad de refugio para solicitantes de asilo, en los países vecinos de Venezuela.
El TPS fue creado con la aprobación de la Ley de Inmigración de 1990 para brindar protección temporal a las personas nacidas en el extranjero en los EE. UU; y para quienes regresar a su país de origen es inseguro o imposible.
El TPS les permite mantener un estatus legal y una autorización de trabajo segura para mantener a sus familias y contribuir con sus habilidades.
El Congreso o el Secretario de Seguridad Nacional pueden designar países para el TPS si determinan que un país enfrenta un conflicto armado en curso, un desastre ambiental (como un terremoto, una inundación, una sequía o una epidemia) o algunas otras condiciones extraordinarias que no permitirían a sus ciudadanos para regresar a salvo.
Las designaciones de TPS son típicamente por 18 meses y pueden extenderse para aquellos actualmente protegidos o designados, lo que permite que los participantes más recientes se postulen. TPS tiene requisitos estrictos de elegibilidad; y las protecciones generalmente están disponibles solo para personas que estaban en los EE. UU; en el momento de la designación y que son admisibles en los EE. UU. según la ley de inmigración.
Más de 470,000 personas de diez países están actualmente protegidas por TPS. Ellos contribuyen significativamente a la fuerza de trabajo, la economía, y sus comunidades. Aproximadamente 273,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen padres que están protegidos por TPS.
Debemos recordar que la Adminsitración Trump había anunciado en 2018 que eliminaría el TPS para más de 300,000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití, Honduras, Sudán y Nepal en los próximos años.
Sin embargo, según el plan de inmigración de Biden, los beneficiarios de TPS serían elegibles para tarjetas verdes automáticas.
De hecho, el senador Bob Menéndez presentó recientemente un proyecto de Ley que permitiría a los venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a través del TPS, con el objetivo de aprobarlo este año para evitar que caiga en los desafíos del año electoral 2022.
El proyecto de ley, copatrocinado por los senadores Dick Durbin, Patrick Leahy, y Cory Booker, marca otro esfuerzo de los principales demócratas para poner la inmigración como un tema central. Menéndez también está liderando el esfuerzo del Senado para aprobar el proyecto de ley de reforma migratoria integral de Biden, que ofrecería un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados y abordaría las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica.
Pero a pesar de estar en la mayoría, los demócratas enfrentarán una batalla cuesta arriba para lograr que se apruebe un gran paquete de inmigración. Menéndez ya ha reconocido que cualquier proyecto de ley a gran escala requerirá negociaciones con los republicanos para lograr que al menos 10 miembros del Partido Republicano lo aprueben en el Senado.
Mientras tanto, algunos demócratas y defensores de los inmigrantes están presionando para que proyectos de ley más pequeños se muevan rápidamente y que ofrezcan estatus legal a los inmigrantes indocumentados del país. Un impulso es que a los trabajadores esenciales indocumentados se les ofrezca un estatus legal a través de la reconciliación.
Haz click Aqui para conocer el proyecto de ley presentado por el senador Menendez.
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