La Corte Suprema dijo el lunes que los migrantes que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos no pueden obtener la residencia permanente incluso si el gobierno les ha permitido permanecer bajo un estatus de protección temporal.
La opinión unánime, escrita por la jueza Elena Kagan, dijo que la ley de inmigración actual solo permite que aquellos que fueron admitidos legalmente a los Estados Unidos soliciten la residencia permanente; aún cuando el Estatus de Protección Temporal, o TPS, difiere la deportación de los no ciudadanos cuando las condiciones en sus países de origen hacen que sea demasiado peligroso regresar.
En todo caso, la Ley de Promesa y Sueño Americano aprobada por el congreso con el apoyo de todos los demócratas y que se encuentra en el senado con una fuerte oposición Republicana, seria el instrumento que autorizaría explícitamente a los beneficiarios de TPS que ingresaron ilegalmente a solicitar tarjetas de residencia.
Unas 400.000 personas de una docena de países, incluidos Haití, Nepal, Yemen, y Venezuela tienen actualmente un estatus de protección temporal, que a pesar de su nombre puede extenderse por décadas si el secretario de Seguridad Nacional renueva la designación. Una designación de TPS permite a los beneficiarios trabajar legalmente en los EE. UU., Pero potencialmente enfrentan la deportación si el gobierno se niega a renovar la designación.
En 2016, la administración Obama permitió que expirara el estatus de protección para los ciudadanos de Guinea, Liberia y Sierra Leona después de determinar que las condiciones se habían estabilizado luego de la contención de un brote de ébola.
La administración Trump buscó terminar con el estatus de protección para El Salvador y varios otros países, pero esos esfuerzos se estancaron en la corte antes de que la administración de Joe Biden asumiera el cargo en enero, y prometiera una política de inmigración más generosa.
En lo que va del año, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha otorgado estatus de protección temporal a ciudadanos de Venezuela y Myanmar presentes en Estados Unidos, citando situaciones políticas inestables en ambos países. La designación de Venezuela, según la administración, ofrece un alivio de deportación a más de 320.000 venezolanos.
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