La Unión Europea ha eliminado de su lista de paraísos fiscales a las islas caribeñas de Antigua y Barbuda, que habían sido añadidas hace exactamente un año. Este ha sido el único ajuste realizado por los ministros de Finanzas de la UE en un listado que aún incluye a Rusia y Panamá, junto con otras nueve jurisdicciones a nivel global. La Unión lleva a cabo una revisión de esta lista cada seis meses. La próxima evaluación se llevará a cabo en febrero de 2025, momento en el cual se analizará la situación de Vietnam.
Las islas caribeñas habrían empezado a formar parte de dicha lista en octubre del año pasado luego de una evaluación negativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde entonces Antigua y Barbuda han empezado a tomar cartas en el asunto con cambios en su normativa y un constante chequeo del panorama.
Hasta el momento, los países que no han hecho lo suficiente para salir de la lista negra de la UE son Samoa americana, Samoa, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Panamá y Rusia.
Se sabe oficialmente a la reunión de ministros de Finanzas de la UE que se lleva a cabo en la actualidad, en la que se ha señalado que dos de estas jurisdicciones han implementado reformas; sin embargo, estas no son lo suficientemente significativas como para ser eliminadas de una lista en la que han permanecido durante un extenso período.
Por su parte, Bruselas destaca la relevancia de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal desarrolladas por la OCDE, para así determinar cuando un país actúa de manera nociva de manera tributaria.
Se examina, en particular, la transparencia y la equidad en materia fiscal, así como el cumplimiento de las medidas destinadas a combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Este marco fue desarrollado por el grupo de economías avanzadas y condujo, en 2021, a un acuerdo entre más de 130 jurisdicciones para establecer un tipo impositivo mínimo del 15% para las grandes multinacionales.
La inclusión de una jurisdicción en la lista negra de la UE no solo afecta su reputación, sino que también conlleva obstáculos y requisitos de información más estrictos al interactuar con el mercado único. Aquellos que realicen actividades en estas áreas, por ejemplo, estarán bajo una supervisión más intensa y no podrán acceder a fondos europeos.
La Unión Europea inició el desarrollo de esta herramienta en 2016. En el año siguiente, identificó una serie de «deficiencias» en un total de 92 territorios, a los cuales les comunicó sus descubrimientos. Posteriormente, en diciembre de 2017, se publicó la primera lista de territorios que Bruselas considera no cooperativos en cuestiones fiscales debido a su falta de transparencia, la cual incluía a 17 jurisdicciones ajenas al bloque comunitario.
En el caso de Venezuela, la Ley de Impuesto sobre la renta dispone en su artículo 101 que “estarán sujetos al régimen de transparencia fiscal internacional, los contribuyentes que “posean inversiones efectuadas de manera directa, indirecta o a través de interpuesta persona, en sucursales, personas jurídicas, bienes muebles o inmuebles, acciones, cuentas bancarias o de inversión y cualquier forma de participación en entes con o sin personalidad jurídica, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así como en cualquier otra figura jurídica similar, creada o constituida de acuerdo con el derecho extranjero, ubicadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal.”
