El pasado 9 de enero les fue prohibido a los trabajadores del Congreso de Perú el uso de minifaldas, pantalones cortos, jeans y zapatos deportivos, recordándoles que «presentarse con vestimenta inadecuada constituye una falta que puede ser sancionada», según informó el medio peruano de televisión, Canal N. Por demás, el desacato de esta medida acarreará una sanción.
Según el medio, estas restricciones fueron remitidas al personal del Legislativo mediante un comunicado que especifica el código de vestimenta que deberán adoptar durante el verano en la nación andina.
Según el aviso, el reglamento del Congreso autoriza a los trabajadores a presentarse con vestimenta apropiada para la estación, eliminando la obligación de usar chaqueta y corbata. No obstante, se establece que está prohibido el uso de prendas no autorizadas, incluyendo pantalones jeans, zapatillas, shorts, minifaldas y otras similares.
El mismo, no obstante, y que es visible en un cartel en uno de los pasillos del Congreso, no menciona las normas de vestimenta de los 130 legisladores, sino que se dirige exclusivamente a los 3.500 empleados del Parlamento, una de las instituciones más cuestionadas en el país debido a acusaciones de corrupción y conductas irregulares.
Estas decisiones han suscitado críticas contundentes de varios sectores políticos y de la prensa, quienes sostienen que esta acción perpetúa un cliché machista que responsabiliza a las mujeres por lo que les sucede debido a su elección de ropa.
Principalmente, la medida adoptada por el Parlamento ha sido objeto de acusaciones que sugieren una búsqueda por desviar la atención de los escándalos de violación y de una supuesta red de prostitución que impacta la soberanía popular peruana.
El escándalo de Andrea Vidal que dio a luz a las arremetidas contra el Parlamento por la medida
El caso salió a la luz en diciembre tras el asesinato de una exasesora de la Oficina Legal y Constitucional, quien fue acribillada por sicarios a pocas cuadras de su hogar. Según una investigación periodística se habría revelado que Andrea Vidal, la víctima de 28 años que tenía por profesión abogada, en realidad tenía otros oficios. Según las indagaciones, su labor consistía en reclutar mujeres dedicadas a la prostitución para organizar encuentros sexuales con altos funcionarios del Congreso. Un mes después de su asesinato, que también cobró la vida de un taxista, han surgido varios incidentes que generan dudas sobre la voluntad real de investigar los hechos.
Los encargados de la comisión ad hoc encargados del caso presentaron su renuncia argumentando que el encasillamiento de la investigación solo en un reportaje resultaba insuficiente. Se intentó censurar al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, por insinuar que la red ofrecía «sexo a cambio de votos» en el Parlamento. Además, aún no se ha esclarecido quién autorizó la designación de Jorge Torres Saravia, exfuncionario parlamentario y principal implicado, para dirigir la Oficina Legal y Constitucional.
La semana pasada, una nueva denuncia periodística, publicada por el portal EpicentroTV, sacudió al Poder Legislativo, que cerró el 2024 con una aprobación de apenas el 8%. Una mujer de 31 años acusó al congresista José Jerí, miembro de la Comisión Permanente y de la agrupación Somos Perú, de haberla violado en su casa de campo. La víctima había estado consumiendo alcohol con Jerí y un empresario ferretero junto a la piscina, pero tras dejar de beber, perdió el conocimiento y despertó en una cama, con dolor en sus partes íntimas.
Hasta ahora, el congresista se ha escudado de los hechos sugiriendo la sucesión de los mismos como un mero malentendido: ““A nivel subjetivo, ella pudo haber entendido mis comportamientos y amabilidad con otra cosa […]. La víctima va a poder encontrar su verdad, eso le va a permitir a ella tener la tranquilidad que está buscando; y esa tranquilidad también me va a devolver a mí mi imagen y mi nombre”, sostuvo Jerí.
No es una cuestión de la manera de vestir de las mujeres
Diversos actores políticos han manifestado que la modificación del código de vestimenta carece de fundamento y refleja un antiguo machismo. Susel Paredes, legisladora del Bloque Democrático Popular, enfatizó que el verdadero problema no radica en la forma en que se visten las mujeres, sino en el respeto mutuo que debe existir entre todos. «Pueden vestirse como deseen, salvo la etiqueta de cada institución», afirmó.
La periodista Clara Elvira Ospina, directora de EpicentroTV, criticó la moralidad de la Cámara al recordar un incidente grave ocurrido en 2022, cuando una trabajadora del congresista Freddy Díaz Monago denunció haber sido víctima de abuso en su oficina. Ospina destacó que, mientras se destapan casos de violación y redes de prostitución dentro del Congreso, la respuesta de la institución ha sido restringir el uso de minifaldas, lo que pone de relieve una falta de atención a problemas más serios.
Por su parte, el congresista Edwin Martínez responsabilizó a la mujer que denunció la violación de José Jerí, sugiriendo que no supo comportarse adecuadamente. Martínez argumentó que tanto los hombres como la mujer involucrada debieron tener un mejor control en la situación, insinuando que el estado de embriaguez puede llevar a comportamientos inapropiados. Estas declaraciones han generado controversia y han sido vistas como una minimización de la gravedad de las denuncias de abuso.
En las últimas semanas, Martínez ha enfrentado críticas por la contratación de Isabel Cajo en su despacho, quien está vinculada a una red de prostitución liderada por Jorge Torres Saravia. Cajo, de 26 años, ha ocupado diversos cargos en el Parlamento, a pesar de no haber completado sus estudios superiores, y ha recibido salarios elevados en comparación con su formación académica. Además, se ha dado a conocer que Cajo ofrecía contenido sexual explícito en la plataforma OnlyFans y era popular en Glambu, una aplicación de citas utilizada por hombres con recursos económicos.
Recientemente, el semanario Hildebrandt en sus trece publicó unos chats que revelan que Isabel Cajo se reunió en abril de 2024 con Alejandro Soto, quien en ese momento era presidente del Congreso. Cajo utilizó una identidad falsa y accedió a la oficina de Soto por una entrada no oficial. Solo tres días después de este encuentro, fue contratada por el Congreso con la aprobación de la Presidencia de la Cámara. En un giro inesperado, Cajo denunció que le habían robado su celular mientras paseaba a su perro en el distrito de Magdalena, un incidente que podría comprometer pruebas clave en la investigación. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona no muestran irregularidades en el momento del robo.
La situación en el Parlamento se agrava con la revelación de que siete congresistas están siendo investigados por el uso indebido de fondos públicos para organizar una fiesta en Trujillo. La Fiscalía ha presentado una denuncia por peculado doloso contra estos legisladores, lo que añade más presión sobre una institución que ya enfrenta serias dudas sobre su legitimidad. Estos acontecimientos reflejan un clima de desconfianza y cuestionamientos sobre la ética en la gestión pública, lo que podría tener repercusiones significativas en la percepción ciudadana del Congreso.
