El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció este martes la declaración de la ley marcial de emergencia, justificando la medida bajo acusaciones hacia la oposición política de controlar el Parlamento, realizar actividades antiestatales y simpatizar con el régimen de Corea del Norte. En un mensaje televisado no programado previamente, Yoon aseguró que su decisión busca erradicar “fuerzas pronorcoreanas” y preservar “el orden constitucional democrático”. Este acto, de carácter extraordinario, genera profundas preocupaciones sobre sus implicaciones en la gobernabilidad y el estado de derecho en Corea del Sur.
El contexto político que llevó a la decisión
La declaración de la ley marcial llega en medio de un tenso enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. La principal fuerza opositora, el Partido Democrático, ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional y ha ejercido su poder para aprobar, por la vía rápida, un presupuesto reducido sin el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP). Además, presentó mociones de destitución contra el auditor estatal y el fiscal jefe, dos figuras clave en el gobierno de Yoon.
El presidente interpreta estas acciones como una amenaza directa al orden constitucional, lo que según él justifica la imposición de la ley marcial. Sin embargo, esta medida ha sido ampliamente criticada. Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático y rival de Yoon en las elecciones de 2022, calificó la decisión como “ilegal e inconstitucional”. Incluso figuras dentro del partido gobernante, como Han Dong-hoon, han expresado su rechazo, calificándola de “equivocada” y prometiendo movilizar al pueblo para detenerla.
¿Qué implica la ley marcial en términos legales?
La ley marcial es un estado de excepción que altera significativamente el marco jurídico ordinario de un país. En términos generales, implica la suspensión de derechos fundamentales y la transferencia de poderes civiles a las fuerzas armadas o a cuerpos de seguridad especiales. En el caso de Corea del Sur, su Constitución establece que el presidente puede declarar la ley marcial bajo circunstancias extremas que amenacen la seguridad nacional o el orden público.
Sus principales características incluyen:
- Suspensión de derechos civiles: Entre los derechos limitados se encuentran la libertad de reunión, expresión y movimiento. Esto puede incluir la imposición de toques de queda o la censura de medios de comunicación.
- Poderes extraordinarios para las fuerzas armadas: Las autoridades militares adquieren la capacidad de realizar arrestos, retener personas y llevar a cabo investigaciones sin necesidad de cumplir con los procedimientos judiciales regulares.
- Endurecimiento de sanciones: Los actos considerados como infracciones bajo la ley marcial pueden conllevar penas más severas que las establecidas en condiciones normales.
- Sustitución de tribunales civiles por militares: En algunos casos, los procesos legales pasan a manos de tribunales militares, lo que reduce las garantías procesales.
Precedentes históricos y controversias legales
Corea del Sur no es ajena a la declaración de la ley marcial. En su historia reciente, este mecanismo ha sido utilizado principalmente durante periodos de inestabilidad política, como en los años 70 y 80 bajo regímenes autoritarios. Estos antecedentes alimentan las preocupaciones de sectores sociales y políticos sobre el impacto que esta medida puede tener en la democracia surcoreana, consolidada tras décadas de lucha por derechos civiles.
Desde una perspectiva jurídica, la declaración de la ley marcial debe cumplir con estrictos requisitos para considerarse legítima. El artículo 77 de la Constitución de Corea del Sur regula su implementación, estableciendo que debe limitarse a casos de invasión extranjera, rebelión interna o amenazas extremas al orden constitucional. Sin embargo, los críticos argumentan que las actuales tensiones políticas no justifican esta acción extrema y podrían constituir un abuso de poder presidencial.
