El Congreso de Estados Unidos avanza en la aprobación de una controvertida ley que endurecería las medidas migratorias, otorgando al gobierno una herramienta legal para facilitar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores, incluso sin una condena formal. Este proyecto de ley, conocido como Ley Laken Riley, representa un cambio significativo en la política migratoria, con apoyo tanto de republicanos como de demócratas.
Dicha propuesta fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes con 264 votos a favor y 159 en contra, incluyendo el respaldo de 48 congresistas demócratas. En el Senado, donde se requieren 60 votos para superar el filibusterismo, 84 senadores, entre ellos varios demócratas, apoyaron la tramitación del proyecto, allanando el camino para su aprobación final con una mayoría simple.
No se trataba de la votación final sobre la ley, pero a partir de ahora se requerirá sólo una mayoría simple para su aprobación. Sin embargo, los demócratas tienen la intención de presentar enmiendas y llegar a un acuerdo con los republicanos, tal como indicó su líder, Chuck Schumer, durante su intervención en el pleno.
Un caso emblemático y el nombre de la ley
El proyecto de ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en febrero pasado en la Universidad de Georgia. El responsable del crimen, José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano que había ingresado ilegalmente al país, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre. Este caso fue ampliamente utilizado por Donald Trump durante su campaña presidencial para destacar los peligros de las políticas migratorias actuales.
Detenciones y deportaciones más rápidas
Con su redacción actual, la ley exige al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que detenga a inmigrantes indocumentados acusados, detenidos o condenados por hurtos, robos y atracos no violentos. También establece que estos individuos permanezcan bajo custodia hasta su expulsión. En contraste, la legislación vigente requiere una condena por al menos dos delitos menores o uno grave para justificar una deportación.
El texto además permitiría a los estados presentar demandas contra el gobierno federal si pueden demostrar daños derivados de la inmigración irregular, ampliando el marco de responsabilidad legal en estos casos.
Críticas y apoyo dividido
Las organizaciones proinmigrantes y algunos legisladores han criticado duramente el proyecto. Alegan que violaría la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso al permitir deportaciones basadas únicamente en acusaciones o detenciones. También advierten que podría desviar recursos de casos más graves y peligrosos, concentrándose en delitos menores.
“Este proyecto de ley es un intento claro de implementar una agenda política que criminaliza masivamente a los inmigrantes”, señaló Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream Action.
Por otro lado, figuras como el senador demócrata Rubén Gallego han defendido la medida, argumentando que aborda una crisis fronteriza que afecta de manera directa a estados como Arizona: “No solo voy a votar a favor de la Ley Laken Riley, sino que la voy a copatrocinar” – habría declarado el senador en su cuenta de Twitter (X).
Han sido figuras similares las que han demostrado su apoyo al proyecto, entre ellas también,John Fetterman, senador por Pensilvania, quien escribió: “Apoyo una frontera segura. Apoyo una vía legal para los dreamers [que llegaron como menores hijos de inmigrantes y han hecho su vida en el país]. Apoyo la Ley Laken Riley”.
Contexto legal y político
La Ley Laken Riley marca un giro en la postura de los demócratas, quienes durante el primer mandato de Trump se opusieron enérgicamente a sus políticas migratorias. Sin embargo, tras la victoria republicana en las elecciones de noviembre, parece haberse adoptado una estrategia más colaborativa.
Este proyecto se suma a otras iniciativas republicanas, como exigir que los solicitantes de asilo esperen fuera de Estados Unidos mientras se resuelven sus casos, y reducir fondos para ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias.
La figura del TPS frente al proyecto de ley
Mientras tanto, la administración saliente de Joe Biden anunció recientemente la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de inmigrantes de países como Venezuela, El Salvador y Ucrania. Esta protección permite a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país por períodos renovables de 18 meses.
Sin embargo, durante su campaña, Trump ha sugerido que buscará reducir estas protecciones, lo que podría generar nuevas tensiones legales y políticas en el futuro.
El Estatus de Protección Temporal (TPS), establecido en 1990, permite que ciudadanos de países afectados por conflictos civiles, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanezcan temporalmente en Estados Unidos con autorización para trabajar. Actualmente, alrededor de un millón de personas de 17 países son beneficiarias de este programa, incluidos más de 600.000 venezolanos. La extensión anunciada recientemente por el gobierno de Joe Biden, que abarca hasta octubre de 2026 para los venezolanos, brinda un respiro a esta comunidad.
En términos legales, la extensión del TPS no solo asegura la protección contra la deportación para estos inmigrantes, sino que también refuerza su acceso al mercado laboral legal. Sin embargo, su condición temporal pone de manifiesto la falta de soluciones migratorias permanentes y el riesgo constante de un cambio en la política gubernamental. La ley Laken Riley, que está en proceso de aprobación en el Congreso, podría afectar indirectamente a beneficiarios de programas como el TPS si amplía el espectro de detenciones y deportaciones. Aunque el TPS otorga una protección legal clara, el endurecimiento de leyes migratorias podría generar un entorno más hostil para los inmigrantes.
Cabe mencionar que esta situación no guarda una relación directa con la legislación venezolana, pero sí refleja las complejidades de la migración internacional y la manera en que las políticas estadounidenses impactan en comunidades vulnerables como la venezolana. Además, refuerza la necesidad de mecanismos internacionales más coordinados para atender crisis migratorias globales.
Implicaciones futuras para los venezolanos
La extensión del TPS supone un alivio significativo para los venezolanos que han huido del colapso económico, político y social en su país. Al contar con autorización para trabajar, los beneficiarios pueden contribuir económicamente tanto a sus comunidades en Estados Unidos como a sus familias en Venezuela, a través de remesas. Sin embargo, esta prórroga también subraya la naturaleza transitoria de su estatus, lo que les deja en una situación de incertidumbre a largo plazo.
En cuanto al proyecto de ley Laken Riley, su impacto directo sobre los beneficiarios del TPS podría ser limitado debido a su protección legal actual. No obstante, la aprobación de esta ley podría establecer un precedente que facilite futuras políticas migratorias más estrictas, lo que podría repercutir en la renovación del TPS o en los criterios para mantenerlo. Además, un endurecimiento del entorno migratorio podría generar tensiones adicionales en las comunidades inmigrantes, exacerbando la vulnerabilidad de quienes dependen de programas como este.
Por último, esta situación refuerza la necesidad de avanzar hacia soluciones más estructurales en materia migratoria, que incluyan vías claras hacia la regularización permanente. Para los venezolanos, la esperanza de una estabilidad duradera dependerá no solo de las políticas de Estados Unidos, sino también de la capacidad de la comunidad internacional para abordar la crisis en su país de origen.
La eventual aprobación de la Ley Laken Riley podría significar un endurecimiento significativo de las políticas migratorias estadounidenses, destacando el papel de las alianzas bipartidistas en su implementación. No obstante, su aplicación también promete ser objeto de litigios y desafíos legales, particularmente en torno a su constitucionalidad y posibles consecuencias en las comunidades migrantes.
