Actualmente, El Salvador atraviesa una gran polémica a nivel internacional, mientras su población aprueba el sistema de gobierno, múltiples organismos internacionales han expresado su preocupación con las irregularidades que están ocurriendo en el país y acusan al presidente Nayib Bukele de vulnerar los Derechos Humanos (DDHH) de sus ciudadanos.
Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019 y desde entonces ha implementado una serie de estrategias que buscan acabar con la inseguridad, garantizando el bienestar de la población y de esta forma mejorar su condición de vida. Sin embargo, las medidas utilizadas hasta ahora no son del agrado de todos.
El 26 de marzo de 2022 se reportó el registro de más de 70 personas asesinadas, convirtiéndolo en el día más violento del país en los últimos 20 años. Este acontecimiento llevó al presidente a reunirse con el gabinete de seguridad y el fiscal general, quienes desplegaron a la policía y soldados como intento de detener los crímenes.
A pesar de ello, 30 días después y a petición de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó por primera vez el estado de excepción en todo el territorio, dando inicio a una prórroga que suspende derechos constitucionales y le otorga poder al Ejecutivo Nacional para afrontar situaciones que afecten la paz y bienestar de sus ciudadanos.
Esta dura política ha sido denunciada por organizaciones defensoras de los DDHH como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI), por eliminar el derecho a la libertad de asociación, derecho a la defensa o el derecho a la asistencia jurídica, detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.
También se han reportado acusaciones de abuso excesivo de fuerza por oficiales, que va en contra del derecho a la integridad física, derecho al debido proceso, derecho a la alimentación adecuada y libertad de expresión, además de implementar una nueva forma de esclavitud moderna.
¿Qué opinan en El Salvador?
Aunque en la actualidad El Salvador cuenta con una de las tasas de encarcelamiento más alta del mundo y más del 1% de la población se encuentra en prisión. Bukele alcanzo el 87% de aceptación en el país luego de tres años en el poder, asegurando que la seguridad ha mejorado y se han reducido las cifras de homicidio hasta un 60%.
Su estrategia ha sido considerada como una acción audaz, pero necesaria ante una situación como son las pandillas, también conocidas como las “maras salvatruchas”, mostrándole al pueblo salvadoreño la imagen de un presidente que si está dedicado a defender y proteger a las personas, además de lograr un avance en la economía y seguridad.
Sin embargo, esto no logra eliminar la preocupación de algunos políticos salvadoreños de terminar con un gobierno dictador y un “retroceso democrático”, luego de las denuncias realizadas por vulneración de DDHH y la toma de acciones anticonstitucionales. La diputada opositora Claudia Ortiz, en una entrevista para la BBC expreso que:
| “El escenario actual es una muestra de lo que las encuestas de opinión pública y de cultura política han mostrado: que la población salvadoreña está y ha estado dispuesta a renunciar incluso a la democracia para solucionar problemas inmediatos como la inseguridad. Que hay una disposición de perder la libertad a cambio de tener seguridad.” |
De la misma forma, se han reportado protestas desde septiembre del 2022 en contra de las políticas implementadas, lideradas por organismos de DDHH nacionales. José Marinero, presidente de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ) declaro que: “La credibilidad del gobierno en las reformas a la Constitución es cuestionable… hay que recordar que las propone un gobierno que ha violado múltiples veces la Constitución”
¿Cuál es la opinión internacional?
Las políticas de El Salvador continúan causando gran descontento en los organismos internacionales luego de que Bukele expresara que estos organismos, incluidos la CIDH «tratan de bloquear» el trabajo del gobierno contra las pandillas.
Según el tratado de los derechos humanos y las prisiones: normas internacionales de derechos humanos para funcionarios de instituciones penitenciarias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) El Salvador está vulnerando las siguientes normas:
- Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
- Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
- Toda persona privada de su libertad tendrá derecho a un nivel de vida adecuado, lo que abarcará la alimentación, el agua potable, el alojamiento, el vestido y la ropa de cama.
- Todo recluso recibirá, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad y en cantidad suficiente y tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.
- El derecho al vestido adecuado como componente del derecho a un nivel de vida adecuado es un derecho humano.
- Cada recluso dispondrá de una cama individual y de ropa de cama individual limpia, con facilidades para asegurar su limpieza.
De igual forma, países como Estados Unidos y Colombia han criticado la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por la utilización de los recursos del país en una prisión y temen por las irregularidades que puedan ocurrir dentro de este.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro publicó por la red social “Twitter” un mensaje donde expresaba: «Ustedes pueden ver en redes sociales las fotos terribles -no me puedo meter en asuntos de otros países- del campo de concentración de El Salvador. Lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, le da a uno escalofrío».
A su vez, Estados Unidos y El Salvador se encuentran en uno de sus peores distanciamientos diplomáticos, tras los recientes enfrentamientos entre Bukele y Joe Biden. El presidente salvadoreño acusó a Washington de ser responsable de las manifestaciones en su contra, mientras el presidente estadunidense no invito a El Salvador a una cumbre por la democracia.
La Casa Blanca también ha colocado sanciones a funcionarios miembros del gobierno salvadoreño. Incrementando la tensión entre ambas naciones, causando mayor temor en los migrantes residenciados en Estados Unidos
