Desde hace un tiempo, la senda española en materia de migración ha ido evolucionando muy por sí sola contraponiéndose a otras normativas restrictivas como las de Bruselas o Hungría, por poner algunos ejemplos. Se ha caracterizado el país castizo en ser el receptor de una parte importante de la migración latina en Europa, en gran medida gracias a su legislación que, hasta hoy día, sigue atrayendo a la misma por su relativa flexibilidad.
En un contexto donde Bruselas decide complicar la existencia de los extranjeros y explora la creación de centros de deportación en naciones ajenas, inspirado en el modelo de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, el Ministerio de Migraciones en Madrid se encuentra en la fase final de un nuevo reglamento de extranjería que facilitará los procedimientos a los 6,5 millones de inmigrantes que ya habitan en España, así como a muchos otros que planean llegar para trabajar.
Se anticipa que la normativa será presentada al Consejo de Ministros a mediados de noviembre, de acuerdo con fuentes del ministerio, y permitirá la posible regularización de decenas de miles de individuos.
Esta revisión del reglamento, que representa la segunda modificación en solo dos años, transformará los aspectos específicos de la ley de extranjería: se reducirán los plazos para la obtención de permisos de residencia y trabajo, se ampliarán las duraciones de las renovaciones, se eliminarán ciertos requisitos y se facilitará, de forma general, la entrada al mercado laboral.
Si bien es posible que se realicen cambios, múltiples colectivos se beneficiarán de manera significativa con las nuevas normativas, entre los que se encuentran los estudiantes, los trabajadores en búsqueda de empleo, las familias y miles de solicitantes de asilo que han recibido una negativa en sus solicitudes en los últimos años.
El nuevo reglamento será ratificado por medio de un Real Decreto, el cual no requiere la convalidación del Parlamento. Este procedimiento es diferente al que se encontraba en negociación entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo con el Partido Popular, que buscaba establecer una redistribución más solidaria de los menores extranjeros no acompañados. Igualmente, este reglamento no está relacionado con la iniciativa legislativa popular (ILP) que propone una regularización extraordinaria y generalizada, la cual continúa su trámite en el ámbito parlamentario.
El propósito de la reforma es reducir la burocracia, adaptarse a la nueva realidad demográfica y proteger derechos, aunque existe una evidente interpretación económica, en línea con la trayectoria iniciada por el exministro José Luis Escrivá, que ahora se desempeña como gobernador del Banco de España.
No es una coincidencia que el nuevo reglamento haya hecho más accesibles los permisos de trabajo en casi todos los casos. De hecho, en el plan fiscal que el Gobierno presentó la semana pasada en Bruselas, se destaca esta iniciativa, así como un nuevo marco para agilizar la homologación de títulos extranjeros. Estas dos reformas se prevén como medidas que contribuirán a un aumento de tres décimas en el crecimiento tendencial de la economía hacia 2031, al incrementar la cantidad de trabajadores y mejorar su capacitación.
Particularmente, se resalta como uno de los cambios más relevantes del reglamento, que a partir de su entrada en vigor, podrán los extranjeros que se encuentren en situación irregular y que quieran optar a un permiso de residencia y trabajo por arraigo, estos podrán lograrlo al haber cumplido dos años de su llegada a España. Hasta hace poco, la vía usual para la regularización de los papeles y del estatus legal [de los extranjeros] los obligaba a vagar en situación irregular hasta tres años, y al mismo tiempo, a trabajar en la clandestinidad –lo que también se conoce como trabajar “en negro” en la jerga cotidiana del país. Además, se introduce la figura del
arraigo de segunda oportunidad, al que podrán acogerse las personas
que tuvieron una autorización de residencia en el pasado y por alguna
razón no pudieron renovarla.
El texto introduce una nueva alternativa temporal para ayudar a miles de solicitantes de asilo que han visto rechazadas sus peticiones. Aquellos que se encuentren en situación irregular en España cuando el nuevo reglamento entre en vigor podrán solicitar un permiso de residencia por arraigo después de haber estado seis meses en el país. Esta regularización es específica para un grupo numeroso, dado que en 2023 se habían registrado más de 163.000 solicitudes, las cuales quedan sin un estatus que les permita vivir y trabajar en España tras la negativa de su solicitud, una situación que se presenta en la mayoría de los casos.
A pesar de esto aún está por determinarse la respuesta del Ministerio del Interior ante esta situación, considerando que las medidas adoptadas por este ministerio han estado orientadas a limitar la regularización de este grupo. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha defendido que ha identificado “la explotación del asilo” por parte de migrantes económicos que solicitan protección con el propósito de obtener un permiso de residencia, utilizando el tiempo que permanecen en España a la espera de una decisión. Este supuesto uso fraudulento, en cualquier caso, es favorecido por el propio Ministerio del Interior debido a las extensas demoras (que en algunos casos pueden ser de años) en la resolución de los expedientes.
Entre las novedades del borrador se encuentra que los inmigrantes que obtengan un permiso mediante el arraigo para formación podrán desempeñar un trabajo de hasta 30 horas semanales. Esta figura, que se renombrará como arraigo socioformativo, fue introducida en 2022 con la intención de apoyar a aquellos que se encontraban en situación irregular y que llevaban más de dos años en España, siempre que se matricularan en un curso. Hasta este momento, era imprescindible contar con un contrato para solicitar la autorización de trabajo, la cual ahora se concederá de forma automática.
Para los estudiantes extranjeros que hayan completado su formación en España, se implementará un cambio importante. El nuevo reglamento facilitará la conversión de la estancia por estudios a una autorización de residencia y trabajo, siempre que cuenten con un contrato laboral en un área que esté alineada con sus estudios. Asimismo, se permitirá que los familiares de aquellos que estén cursando estudios superiores puedan solicitar sus permisos en España, sin la obligación de hacerlo en sus países de origen.
Se han introducido cambios en los visados destinados a la búsqueda de empleo, aplicables a los hijos o nietos de españoles de origen, así como a ciertas profesiones y regiones. Con la implementación del nuevo reglamento, estos visados tendrán una duración de un año, en lugar de los tres meses que se establecían anteriormente.
Actualmente, el Ministerio de Migraciones está realizando los últimos ajustes al borrador, tras haber examinado casi un centenar de propuestas que se presentaron en una audiencia pública por parte de abogados, organizaciones, comunidades autónomas, agentes económicos y ciudadanos. A pesar de que el texto está prácticamente finalizado, debe ser sometido al dictamen del Consejo de Estado, de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y de la Comisión General de Secretarios de Estado antes de su aprobación en el Consejo de Ministros.
