El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo el miércoles que abrirá una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y suscribió un memorando de entendimiento; según el cual, el gobierno de Venezuela se comprometen a cooperar para esclarecer los hechos que dieron pie a iniciar el proceso.
Mientras tanto, el gobierno Venezolano no cree que la situación en el país «justifique el paso de la fase de examen preliminar a una fase de investigación», agregó el memorando.
El presidente Nicolás Maduro dijo:
“Le garantizo que para esta etapa que vamos a vivir, dejamos los ruidos de lado y nos empeñamos en trabajar en el cumplimiento de este acuerdo, entre las partes, para que pueda encontrarse la verdad”.
“Tenemos criterios diferentes sobre el paso de iniciar la investigación”.
Además insistió:
“Respetamos los criterios que usted a esgrimido y nos acogemos profundamente al espíritu y a la letra de este documento histórico”.
El memorando fue suscrito más de dos meses después que la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, concluyó en un documento que existe una “base razonable” para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Sin embargo, el documento resaltó que hasta ahora no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona.
Durante su visita, Khan se reunió con Maduro tres veces, mientras que familiares de personas detenidas o presuntamente asesinadas por el gobierno realizaron protestas callejeras para exigir una reunión con el fiscal.
Khan enfatizó la independencia de la corte y dijo que sus investigaciones no deberían politizarse.
Esta es la primera vez que la CPI abre una investigación formal a un país latinoamericano, con lo que Venezuela se une a un puñado de naciones en su mayoría africanas donde el organismo está investigando crímenes.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y solo puede intervenir oficialmente si un Estado no quiere o no puede procesar los crímenes relevantes en su jurisdicción.
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