Desde este viernes, los hospitales en Texas deberán interrogar a los pacientes sobre su estatus migratorio en Estados Unidos y registrar los costos relacionados con la atención a personas sin estatus legal. Esta medida surge de una orden ejecutiva del gobernador republicano Greg Abbott, intensificando el conflicto entre Texas y la administración de Biden en temas migratorios.
Orden Ejecutiva y Contexto Legal
El gobernador Greg Abbott ha instruido que los hospitales recojan información sobre la ciudadanía y el estatus legal de sus pacientes. Aunque la ley federal, bajo el Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), garantiza atención médica de emergencia a todos los pacientes independientemente de su estatus migratorio, esta orden estatal busca documentar el número de personas atendidas sin un estatus migratorio legal y el impacto financiero de estos servicios.
Esta medida, según la orden ejecutiva emitida en agosto, exige que los hospitales ofrezcan a los pacientes la opción de no responder sin que esto afecte la calidad o disponibilidad de su atención, cumpliendo con la normativa federal que prohíbe la discriminación en el acceso a servicios de urgencias.
Procedimiento y Reportes Obligatorios
Los hospitales en Texas comenzarán a reportar esta información al Estado en marzo de 2025. Las directrices proporcionadas por las autoridades sanitarias de Texas indican que los hospitales deberán detallar, en informes mensuales, si cada paciente atendido en urgencias o como hospitalizado es ciudadano, tiene un estatus migratorio legal, o si carece de este. No obstante, estos registros no incluirán nombres ni datos personales, garantizando cierto nivel de anonimato.
La medida también requiere que los hospitales detallen los costos de atención para los pacientes según si cuentan o no con cobertura de Medicaid o el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), lo que podría aportar claridad sobre el impacto financiero de la atención a personas sin seguro o estatus legal.
Precedentes y Reacciones en la Comunidad Migrante
Texas no es el primer estado en adoptar esta política. En 2023, Florida implementó una medida similar bajo la administración de Ron DeSantis, generando incertidumbre entre las comunidades migrantes. Las cifras iniciales en Florida sugieren que una parte significativa de los pacientes optó por no responder: entre el 7% y el 8% de quienes recibieron atención en hospitales o urgencias. Menos del 1% de los pacientes en Florida se identificaron como personas en situación migratoria irregular.
Diversos defensores de derechos humanos y organizaciones de salud advierten sobre el potencial efecto disuasorio de esta política, señalando que podría dificultar el acceso a atención médica para personas en situación migratoria irregular, aun cuando la ley les protege de ser discriminadas en el tratamiento. En respuesta, organizaciones locales de Texas han comenzado campañas informativas, asesorando a la población sobre sus derechos a recibir atención médica sin importar su estatus.
Orientación para Proveedores de Salud
Para facilitar la implementación de esta política, la Asociación de Hospitales de Texas ha distribuido guías que detallan cómo cumplir con los requisitos de reporte sin comprometer la calidad de atención ni incurrir en prácticas discriminatorias. Esta iniciativa busca equilibrar el cumplimiento con la orden estatal y la obligación de los proveedores de salud de ofrecer atención inclusiva y segura.
La orden de Abbott representa un paso significativo en el abordaje del tema migratorio desde la atención médica en Texas, planteando nuevas preguntas sobre el equilibrio entre el control migratorio y el derecho al acceso universal de salud.
