En un intento por lograr la “soberanía tecnológica”, la Comisión Europea ha presentado un amplio paquete de propuestas que proporcionará un nuevo reglamento para las plataformas en línea que ofrecen bienes y servicios en Europa. El paquete de la Ley de Servicios Digitales (DSA) publicado en Bruselas el 15 de diciembre es la iniciativa más audaz hasta la fecha en una conversación global en curso sobre el papel y las responsabilidades de las plataformas en línea.
El paquete legislativo contiene dos propuestas vinculadas: una Ley de Servicios Digitales, que propone nuevas reglas de moderación de contenido y podría brindar a las empresas de medios nuevas herramientas en su lucha contra los contenidos ilegales en línea; y una Ley de Mercados Digitales que propone reglas ex-ante para plataformas “gatekeeper” muy grandes y está diseñada para complementar la ley de competencia.
Estas propuestas, tienen como objetivo fundamental; definir determinadas responsabilidades y medidas de rendición de cuentas para los proveedores de servicios digitales, en particular las plataformas en línea, como las redes sociales y los mercados, pero a la par podrían tener implicaciones que cambiarían por completo la industria del deporte.
Básicamente, la propuesta incluye:
Medidas para contrarrestar el contenido ilegal en línea (bienes y servicios), por ejemplo, un mecanismo para que los usuarios marquen dicho contenido y para que las plataformas cooperen con los “señaladores de confianza”;
Nuevas reglas sobre la trazabilidad de los usuarios comerciales en los mercados en línea, para ayudar a identificar a los vendedores de bienes ilegales.
Medidas de moderación de contenido para permitir a los usuarios cuestionar las decisiones de las plataformas;
Requisitos de transparencia para las plataformas en línea, en lo que respecta a la orientación de los usuarios con anuncios y algoritmos utilizados para las recomendaciones;
Obligaciones de las plataformas en línea muy grandes de prevenir el abuso de sus sistemas mediante la adopción de medidas de gestión de riesgos, incluida la supervisión a través de auditorías independientes.
Según esta propuesta, las plataformas que llegan a más del 10% de la población de la UE, es decir; (45 millones de usuarios) se consideran de naturaleza sistémica y están sujetas no solo a obligaciones específicas para controlar sus propios riesgos, sino también a una nueva estructura de supervisión.
Esto comprende una junta de Coordinadores de Servicios Digitales nacionales, con poderes especiales para supervisar plataformas muy grandes, incluida la capacidad de sancionarlas directamente.
Las plataformas en línea que se considera que han incumplido las nuevas reglas corren el riesgo de recibir multas del 6 por ciento de la facturación global total en el año anterior, lo que podría ascender a miles de millones de euros para los jugadores más grandes.
El impacto de la Propuesta en la Industria del Deporte.-
Muchas de las medidas previstas anteriormente tienen el potencial de generar impactos positivos en la industria del deporte. La introducción de obligaciones de debida diligencia sería, por ejemplo, de importancia para la industria de artículos deportivos, que sigue siendo víctima de la venta en línea de productos falsificados a nivel mundial.
Los ingresos generados por los equipos deportivos profesionales y las ligas por la venta de productos de marca juegan un papel importante en su éxito comercial. El daño causado a tales ingresos comerciales por productos falsificados se ha evidenciado en un informe reciente de la EUIPO que encontró que el costo económico de la infracción de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en el sector de artículos deportivos equivale a una pérdida anual de ingresos de 1.100 millones de Euros y una tasa de 7,7 millones de Euros. % pérdida de ventas.
En consecuencia, es probable que los procedimientos de notificación y acción contenidos en la DSA sean adiciones bienvenidas para el sector de artículos deportivos. Los propietarios de los derechos deportivos querrán asegurarse de que los procedimientos reforzados de notificación y acción ejerzan más presión sobre las plataformas del mercado en línea para que tomen medidas cuando se identifique que las falsificaciones se venden en su plataforma.
Las propuestas establecidas en la DSA reconocen que los proveedores de servicios de alojamiento desempeñan un papel importante en la lucha contra el contenido ilegal en línea. Se requeriría que los servicios de alojamiento establezcan mecanismos de notificación y acción que permitan a las personas o entidades notificar varios elementos específicos de presunto contenido ilegal a través de una notificación, lo que agiliza el proceso de aplicación para los titulares de derechos.
Además, a los titulares de derechos se les podría otorgar el estatus de “señalador” de confianza si demuestran que cumplen con las condiciones requeridas por la DSA. Si a una entidad se le concede el estado de abanderado, la notificación de transmisiones ilegales de deportes en vivo por parte de dicha entidad debería tratarse con prioridad.
También es crucial para los titulares de derechos la posibilidad de obtener información sobre vendedores en plataformas de mercado digital. La capacidad de verificar la identidad de los vendedores y localizar a la parte infractora se considera un factor crucial para los titulares de derechos que intentan proteger sus Derechos de Propiedad Intelectual en línea.
Además, el sector deportivo querrá asegurarse de que el proceso de notificación para notificar a las plataformas sobre productos ilegales no sea demasiado oneroso y que los productos identificados como ilegales no puedan volver a incluirse en la lista.
Mientras tanto, las emisoras de televisión comerciales han expresado su preocupación de que el alcance de las disposiciones de los abanderados de confianza son demasiado estrechos para apuntar de manera eficaz y suspender la piratería de televisión en línea. En un momento en que la transmisión ilegal de contenido deportivo en vivo continúa teniendo un impacto significativo en la industria, las emisoras deportivas querrán fortalecer el papel y el alcance de estas medidas en el paquete legislativo final.
Por ahora, la propuesta de Ley de servicios digitales adopta la forma de un reglamento, que será directamente aplicable a los Estados miembros. Su publicación marca el inicio de un proceso que implicará, como mínimo, 18 meses de negociaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros en el Consejo, seguidos de seis meses para que entre en vigor el Reglamento final.
Sin embargo, podemos esperar discusiones intensas sobre las definiciones y el alcance de las nuevas reglas, posibilidad incluso de impugnaciones legales ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Algunos diputados al Parlamento Europeo ya desean ir más allá de la propuesta de la Comisión e introducir una prohibición completa de la publicidad basada en el comportamiento en línea.
El proceso de toma de decisiones podría extenderse hasta 2023.
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