En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas recién formadas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en respuesta a las atrocidades del Holocausto. La declaración no era legalmente vinculante, pero establecía una línea base de derechos destinados a garantizar las condiciones para la dignidad humana básica.
Ese primer conjunto de derechos incluía el derecho a la vida, la expresión religiosa, la libertad de la esclavitud y un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar.
Desde entonces, el alcance de los derechos humanos se ha ampliado, incluyendo varios acuerdos que son legalmente vinculantes para los países que los ratificaron. Como, por ejemplo, las convenciones de la ONU contra la tortura en 1984; la discriminación racial en 1965; sobre los derechos de los niños en 1989; y las personas con discapacidad en 2006.
En el presente, la Carta Internacional de Derechos Humanos también incluye acuerdos vinculantes sobre derechos económicos, culturales, civiles y políticos.
Sin embargo, el mundo ha cambiado drásticamente desde que se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre todo, en lo que respecta a la escalada de crisis ambiental que enfrenta la humanidad. De hecho, para algunos expertos, esta crisis ambiental terminará socavando el derecho a la vida, a la dignidad y la salud.
Por ello, países como Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza presentaron una solicitud conjunta ante la ONU, donde señalaban que el derecho a un ambiente sano está relacionado con el derecho internacional vigente y que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales. También decía el texto original que el daño ambiental tiene implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el goce efectivo de todos los derechos humanos.
En respuesta, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que todas las personas del planeta tienen derecho a un medio ambiente saludable, una medida que, según los defensores, es un paso importante para contrarrestar el alarmante declive del mundo natural.
En la resolución aprobada la pasada semana con 161 votos a favor y 8 abstenciones, entre las que se incluye Rusia y China, la Asamblea General dijo que el cambio climático y la degradación ambiental eran algunas de las amenazas más apremiantes para el futuro de la humanidad.
Así, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución histórica, declarando el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, como un derecho humano universal.
La resolución, está basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos donde también declaró el acceso a un «medio ambiente limpio, saludable y sostenible» como un derecho humano, y donde se insta a los Estados, organizaciones internacionales y empresas comerciales a intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente saludable para todos.
De hecho, a principios de este año, los países de América Latina y el Caribe prometieron más protecciones para los llamados defensores ambientales, incluidos los pueblos indígenas que hacen campaña contra la tala, la minería y la exploración petrolera en áreas protegidas. Incluso, el estado de Nueva York aprobó una enmienda constitucional que garantiza a los ciudadanos el derecho a un «ambiente saludable».
En 2019, luego de una demanda de un grupo ambientalista, el tribunal supremo de los Países Bajos ordenó al gobierno holandés que hiciera más para reducir las emisiones de carbono, diciendo que el cambio climático era una amenaza directa para los derechos humanos.
Más recientemente, la Corte Suprema de Brasil declaró el acuerdo de París sobre el cambio climático como un tratado de derechos humanos y dijo que el pacto debería reemplazar la ley nacional. Los partidarios tienen la esperanza de que la última resolución de la Asamblea General eventualmente conduzca a más decisiones como esas.
Prácticamente todos los países tienen leyes nacionales diseñadas para limitar la contaminación, proteger las plantas y los animales y contrarrestar el cambio climático. Pero esas reglas no siempre se implementan por completo y, cuando se violan, los ciudadanos a menudo tienen dificultades para hacer que los gobiernos y las empresas rindan cuentas.
Y allí radica la importancia de la presente declaración de la ONU, porque permite a las personas desafiar las políticas ambientalmente destructivas bajo la legislación de derechos humanos, que está bien definida en muchos países.
Al respecto, El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con beneplácito la decisión ‘histórica’ y dijo que el hito demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
En un comunicado difundido por su Vocería, dijo:
“La comunidad internacional ha dado reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado a hacerlo realidad para todos”.
Agregó, además, que la decisión también ayudará a los estados a acelerar la implementación de sus obligaciones y compromisos ambientales y de derechos humanos, pero que esta adopción de la resolución «es solo el comienzo,» e instó a las naciones a hacer de este derecho recientemente reconocido «una realidad para todos, en todas partes».
Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también elogió la decisión de la Asamblea y se hizo eco del llamado del Secretario General a tomar medidas urgentes para implementarla.
Al respecto, dijo:
“Hoy es un momento histórico, pero simplemente afirmar nuestro derecho a un medio ambiente sano no es suficiente. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben implementar sus compromisos internacionales y aumentar sus esfuerzos para cumplirlos. Todos sufriremos efectos mucho peores de las crisis ambientales, si no trabajamos juntos para evitarlas colectivamente ahora”.
En principio, esta declaración no es legalmente vinculante, quiere decir, que, es una norma aspiracional que busca garantizar un mundo más justo y equitativo; donde los países votaron para apoyar la declaración de derechos sin apoyar esos derechos en la práctica. Sin embargo, esta declaración es más que una postura moral, puesto que resoluciones como esta tienen un historial de sentar las bases para tratados efectivos y leyes nacionales.
De hecho, las declaraciones voluntarias de derechos humanos pueden ser fundamentales para cambiar la política estatal y proporcionar a las personas nuevas herramientas políticas para exigir mejores condiciones.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 es uno de los ejemplos más sólidos de cómo se han utilizado las resoluciones de la ONU para dar forma a la política estatal. Aquella declaración reconoció las historias específicas de marginación, violencia y explotación que muchos pueblos indígenas de todo el mundo han sufrido y las violaciones contemporáneas de los derechos humanos. Describiendo también, los derechos de los pueblos indígenas, sin llegar a reconocer su soberanía. Sin embargo, dentro de estos límites, varios países han incorporado algunas de sus recomendaciones. Tanto así, que en 2009, Bolivia integró este derecho en su constitución.
En Canadá, Paraguay y Kenia, los pueblos indígenas han utilizado la resolución para ayudar a obtener importantes victorias legales ante los tribunales de derechos humanos con fallos que han llevado a la restitución de tierras y otras ganancias legales.
En lo que respecta, a la reciente declaración de derechos humanos, sin duda, apoyará la justicia climática y ambiental en todo el mundo, y desencadenará acciones ambientales que brindarán las salvaguardas necesarias a las personas de todo el mundo.
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