Al rededor de 600 manifestantes y activistas han sido detenidos por los agentes de seguridad, poco después de la ola de protestas espontáneas a nivel nacional a mediados de julio.
La semana pasada, las autoridades judiciales iniciaron juicios sumarios, la mayoría de ellos contra jóvenes cubanos acusados de delitos generales como desorden público o desobediencia, según el gobierno y los disidentes.
Se dice, que entre los condenados se encuentran decenas de profesionales independientes, artistas y periodistas que se sumaron a protestas pacíficas o intentaron cubrir las manifestaciones.
Anyelo Troya, un fotógrafo y camarógrafo de 24 años, fue sentenciado la semana pasada a un año de prisión por incitar al desorden público, pero fue liberado a arresto domiciliario después de unos días, según sus familiares.
Troya ha trabajado con miembros del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas disidentes. A principios de este año participó en la grabación clandestina de “Patria y Vida”, una canción de rap rebelde que se convirtió en himno de las protestas. Dijo en una entrevista reciente que trabajó como camarógrafo y alquiló el equipo de iluminación para la grabación del video de la canción con un préstamo recibido al entregar una vieja cámara Leica como garantía.
Al menos otros dos detenidos, un actor de teatro y una adolescente, también fueron liberados y puestos bajo arresto domiciliario después de recibir sentencias de unos nueve meses de prisión. Sin embargo, no está claro si todos los condenados serán puestos en libertad bajo arresto domiciliario o si algunos permanecen en prisión para cumplir sus condenas.
Las autoridades judiciales cubanas dijeron que cerca de 59 manifestantes fueron juzgados hasta el viernes pasado, pero no han revelado detalles sobre la sentencia.
Los activistas dicen que las sentencias son duras para las personas que participaron en protestas mayoritariamente pacíficas.
Dado que los cargos se consideran menores según la ley cubana, conllevan una pena máxima de un año de cárcel. Pero la mayoría de los detenidos están siendo condenados al período máximo, incluso si son puestos en libertad con arresto domiciliario, en línea con lo que han dicho los funcionarios cubanos.
“La instrucción que tenemos es aplicar mayor severidad a estos comportamientos”, dijo el coronel Moraima Bravet, jefe de la unidad de investigaciones criminales del Ministerio del Interior, en la televisión nacional poco después de la ola de detenciones. Las autoridades dijeron que las protestas fueron instigadas por delincuentes y reincidentes, etiquetando a los detenidos como delincuentes comunes.
Los juicios son colectivos, con una docena de imputados que son procesados y condenados en unas pocas horas. El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, dijo a los periodistas la semana pasada que los acusados estaban recibiendo el debido proceso y defendió la idea de que se juzga a varios detenidos a la vez. “La mayoría de los países tienen procedimientos abreviados para delitos menores”, dijo.
Hasta ahora, no se tiene conocimiento de algún caso done el acusado haya sido declarado inocente, dijo Alejandro González, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización con sede en Madrid fundada por ex presos políticos cubanos.
Aunque algunos acusados han podido contratar abogados defensores, es poco lo que los abogados pueden hacer en los juicios sumarios, ya que los detenidos prácticamente no han tenido contacto con un abogado para preparar sus casos.
En la mayoría de los casos, la defensa ha consistido en argumentar que los acusados son personas jóvenes, que no tienen antecedentes penales o que padecen algún problema de salud.
Mientras tanto, otro grupo de al menos 100 detenidos enfrentan cargos más serios, como atacar a oficiales de policía, saquear o destruir propiedades gubernamentales como patrullas o motocicletas de la policía.
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