Las empresas Uber y Lyft, se vieron en la obligación de pagar 328 millones de dólares entre ambas compañías, debido a una denuncia por robo de salarios, impuesta en la Fiscalía de Nueva York. Los actores establecen que ambas empresas habrían cobrado algunos impuestos a los conductores, en vez cobrárselo a los pasajeros.
El mayor monto es por parte de Uber, que deberá pagar un total de 290 millones de dólares, mientras que Lyft tendrá que resarcir la cantidad de 38 millones, suma que deberá ser pagada a los conductores, que son aproximadamente 100.000 personas.
El inicio de esta denuncia, comenzó por parte de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York, que denuncio a Uber, en el año 2020, por deducir impuestos sobre las ventas y tarifas de los pagos a los conductores cuando deberían haber sido pagado por los pasajeros, todo esto entre los años 2014 y 2017.
Para el caso de Lyft es muy similar, ya que la famosa empresa de transporte empleó un método parecido entre 2015 y 2017, deduciendo un supuesto cargo administrativo, del 11.4% de los pagos de los conductores de New York.
«Agradecemos a la Fiscal General James y a su equipo por su arduo trabajo para lograr una resolución que equilibre la responsabilidad y la innovación y al mismo tiempo aborde las verdaderas necesidades de estos conductores trabajadores en Nueva York», dijo Tony West, director legal de Uber, en un comunicado.
Gracias a este acuerdo, aparte de recibir el salario atrasado, los conductores ganarán una hora de por enfermedad por cada 30 horas trabajadas, con un máximo de 56 hora por año acumuladas. También, los conductores fuera de la ciudad, tendrán un pago garantizado de 26 dólares la hora, aunque esa hora se cuenta desde que se monta el pasajero, hasta que llegue a su destino, perdiéndose así mucho tiempo en conseguir un cliente.
Por otra parte, Venezuela tiene dos aplicaciones de viajes llamadas “Ridey” y “Yummy Rides”. Estos, no podrían incurrir, o por lo menos, a una acción similar en el caso de Uber, ya que el impuesto que se dedujo es sobre las ventas y tarifas del Black Card Fund, que consiste en una organización sin fines de lucro creada por el estado de New York, que protege tanto al chofer, como a al pasajero. Cosa que, en Venezuela no tienen ninguna de estas dos compañías.
