El pasado año 2023 el presidente Yoweri Museveni de Uganda promulgó una ley que castiga a la comunidad LGBTI, clasificando como una de las más severas del mundo, según las Naciones Unidas. Lo establecido entre los diferentes artículos de la ley sobre pasa los derechos humanos amparados en los tratados internacionales.
La presente Ley no solo castiga con cadena perpetua a los actos sexuales entre personas del mismo sexo, sino que también es capaz de condenar la propaganda de “homosexualidad” con 20 años de prisión y califica a la homosexualidad como “agravada” con el castigo de pena de muerte.
Esta serie de castigos ha generado revuelo en la comunidad internacional y dentro del mismo país. Han surgido diversos levantamientos y arrestos de las personas por la trasgresión de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ que son parte de un grupo que defienden los derechos humanos. Las agresiones cometidas son tan graves, que incluso las personas están siendo desalojadas por los arrendatarios por ser transexuales y por sospechar por su orientación sexual, tal como indica la ley.
Lo que actualmente viven dentro del país las personas que pertenecen a la comunidad los ha afectado a tal grado, que incluso, estas personas temen visitar centros de salud debido a que estos tienen el compromiso de denunciarlos ante los funcionarios del país.
¿Cómo se ve afectado el país?
La ley ha traído graves consecuencias a la economía del país, sobre todo al sector hotelero, que ha visto disminuida la cantidad de reservaciones debido al temor de los visitantes extranjeros sobre las consecuencias que involucra la nueva ley y como se pueden ver envueltos en una controversia si visitan el país.
También ha provocado consecuencias negativas en el sector textil, ya que al momento de que los consumidores observan la etiqueta que indica el lugar de fabricación prefieren no adquirir la prenda. Estas acciones negativas traen grandes consecuencias en el comercio y trae consigo un riesgo en el capital invertido por las empresas privadas. A pesar de que Uganda ha mejorado su Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de los años y el entorno social ha mejorado, se cree que esta ley podría generar consecuencias negativas en diferentes sectores.
¿Qué opina el resto del país?
La población de Uganda se ha presentado muy tolerantes respecto a las personas que pertenecen a una etnia diferente e incluso a las personas que no comparten la misma religión que ellos, pero han mostrado un margen de cero tolerancias respecto a las personas homosexuales. El 97 por ciento de los ugandeses votó a favor de la ley con carácter penal y el 94 por ciento aseguró que denunciaría a cualquier familiar o amigo homosexual a la policía.
Teorías analistas de diferentes políticos y presidentes de otras regiones concluyen que el odio o desprecio que sienten los habitantes de Uganda proviene de las fuertes raíces y creencias católicas que siguen los ugandeses.
¿Qué sucede con la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela?
A diferencia de Uganda, Venezuela siendo un país con raíces religiosas no poseemos un instrumento jurídico que violente a las personas por su identidad de género o expresión de género u orientación sexual. Incluso, el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil Venezolano se puede interpretar como la libertad que tienen los ciudadanos para cambiar su nombre propio cuando se cumplan los requisitos que establece el mismo artículo. Además de este, el marco legal de Venezuela cuenta distintos instrumentos legales que establecen el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Comenzando por el orden de relevancia que tienen las leyes en Venezuela, la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos las garantías y derechos que tenemos todos los seres humanos, como el artículo 19 (Garantía del goce y ejercicio de los DDHH), el artículo 20 (Derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad), el artículo 21 (La igualdad de las personas ante la ley), el artículo 59 (De la libertad de culto, específicamente el estado Laico) y el artículo 60 (respecto al respeto del honor y la vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación).
Además, cabe destacar que Venezuela cuenta con el apoyo de sus mismos ciudadanos interesados en proteger sus derechos. A raíz de este interés se han creado distintas ONG y movimientos para apoyar a las personas de la comunidad LGBTIQ+ y denunciar la discriminación. Entre las distintas Organizaciones no Gubernamentales podemos resaltar al Observatorio Venezolano de violencias LGBTIQ+ el cual en su distinguida labor documentó 461 casos de violencia hacia personas de la comunidad en el pasado año 2023, el OVV se encuentra al tanto de los casos de discriminación y violencia en redes sociales, mantienen contacto con organizaciones aliadas y activistas que transmiten los casos de violencia y mantienen sus líneas de denuncias abiertas donde las personas interesadas pueden realizar denuncias directamente con ellos.
Este tipo de organizaciones busca crear un espacio seguro para las personas que se sientan amenazadas o sufran cualquier tipo de lesión en sus derechos, para así poder conservar intenta la esfera de derechos que posee cualquier ser humano.
A pesar de los diferentes instrumentos y sistemas de apoyo que pueden existir, actualmente no existe una ley en sí que proteja a la comunidad LGBTIQ+, sino que las personas que sientan que están siendo violentados sus derechos deben ampararse en los sistemas de apoyo e instrumentos legales que se encuentran en diferentes leyes.
Recordemos que todos tenemos el derecho y el deber de denunciar a los agresores, debido a que al sufrir cualquier tipo de lesión, bien sea física o psicológica, se reduce nuestra integridad y le permitimos al agresor tomar las riendas de nuestra vida.
