El martes, el juez estadounidense Richard Stearns ordenó que Harvard University responda en juicio a una demanda por parte de dos grupos de defensa, el Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law y Jewish Americans for Fairness in Education. Estos grupos afirman que la universidad ha permitido un ambiente hostil que afecta a los estudiantes judíos, haciéndoles difícil y, en algunos casos, insoportable estudiar en su campus. Aunque el juez Richard Stearns, quien supervisa el caso, redujo ciertos aspectos de la demanda, se negó a desestimarla por completo.
La decisión permite que los grupos demandantes persigan su acusación de un ambiente educativo hostil para estudiantes judíos en Harvard. Sin embargo, el juez Stearns desestimó las alegaciones de discriminación directa hacia los estudiantes judíos e israelíes y de represalias en su contra por parte de la universidad cuando se quejaron de actitudes antisemitas. En agosto, el juez también rechazó desestimar otra demanda presentada por estudiantes judíos, quienes acusaron a Harvard de permitir que su campus en Cambridge, Massachusetts, se convirtiera en un espacio donde el antisemitismo se ha vuelto frecuente y abiertamente expresado.
Ambas demandas alegan que Harvard ha violado el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en instituciones que reciben fondos federales basada en raza, religión o nacionalidad. A través de estas demandas, los estudiantes buscan que la universidad tome medidas para evitar futuros incidentes de antisemitismo.
Este caso en Harvard forma parte de una serie de demandas similares contra grandes universidades de EE. UU., las cuales son acusadas de permitir o incluso incentivar actitudes antisemitas, especialmente tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza en octubre de 2023. Los demandantes argumentan que Harvard ha gestionado de forma inadecuada varios incidentes que ocurrieron entre la primavera y el otoño de 2023.
Entre estos incidentes, se menciona que un profesor en la Escuela Kennedy de Harvard presionó a sus estudiantes para que abandonaran un proyecto que relacionaba los términos “judío” y “democracia”, alegando que dicha asociación generaba un “espacio inseguro” para los demás estudiantes. En otro caso, una protesta tipo «die-in» –una forma de protesta en la que los participantes simulan estar muertos, con el objetivo de impactar y avergonzar a gobiernos, industrias y medios de comunicación para que aborden problemas graves– cerca de la Escuela de Negocios de Harvard acusó a Israel de crímenes de guerra, coreó lemas antisemitas y, supuestamente, se agredió físicamente a un estudiante israelí.
El portavoz de Harvard, Jason Newton, afirmó que el antisemitismo no tiene cabida en el campus y que la universidad está tomando medidas para apoyar a la comunidad judía, fomentar el diálogo civil y fortalecer las políticas disciplinarias. Según Newton, Harvard continúa trabajando en estas áreas y confía en que está avanzando en la dirección correcta.
El juez Stearns permitió que los demandantes intenten probar que Harvard ha mostrado una “indiferencia deliberada” hacia los casos de acoso, argumentando que la falta de sanciones al profesor y la lentitud en investigar los incidentes de antisemitismo reflejan una respuesta inadecuada. Stearns afirmó que iniciar una investigación sin un seguimiento adecuado prioriza la “forma sobre la función” y no descarta un posible caso de indiferencia por parte de Harvard. Sin embargo, concluyó que no hay pruebas suficientes para afirmar que las respuestas de Harvard demostraran animosidad contra los judíos o israelíes, ni tampoco para sostener que la universidad haya tomado represalias contra quienes se quejaron.
La demanda fue presentada en enero, acusando a Harvard de aplicar selectivamente sus políticas contra la discriminación para no proteger a los estudiantes judíos del acoso y de ignorar sus peticiones de apoyo. Además, se alegó que Harvard contrató a profesores que apoyan actos violentos contra judíos y difunden propaganda antisemita.
Esta demanda fue interpuesta ocho días después de la renuncia de la entonces presidenta de Harvard, Claudine Gay, quien había enfrentado críticas por su manejo del antisemitismo tras el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior invasión de Gaza por parte de Israel. Gay también enfrentaba acusaciones de plagio y fue una de las líderes universitarias llamadas a una audiencia en el Congreso para abordar la respuesta de las universidades al antisemitismo en sus campus.