El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio a conocer un fallo que podría alterar drásticamente el funcionamiento de las transferencias de jugadores. Este dictamen tiene el potencial de desestabilizar el movimiento de futbolistas entre clubes. El caso que ha generado esta situación es el de Lass Diarra, donde se determina que las normas de la FIFA sobre transferencias son contrarias a la legislación de la Unión Europea. Este fallo no solo apoya al jugador francés, sino que también podría establecer un precedente que cambie el sistema de fichajes vigente.
El contexto nos obliga a remontarnos al 2014, al momento en que el jugador francés optó por rescindir su contrato con el Lokomotiv de Moscú para incorporarse al Charleroi, la FIFA le impidió realizar la transferencia, argumentando que el equipo ruso había presentado reclamaciones sobre supuestos incumplimientos del jugador.
Aunado a esto y por si fuera poco, el equipo ruso seguidamente procedió a demandar a Diarra por “haber rescindido su contrato sin causa justificada)
Adicionalmente, se le impuso una sanción económica de 10,5 millones de euros por parte de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, ya que se consideraba que el centrocampista tenía deudas con el club ruso.
Tras intercambios de acusaciones entre las partes, la entidad futbolística optó por actuar de manera más contundente, aplicando el reglamento para evitar que Lass se trasladara a la liga belga. Esta decisión fue respaldada por la federación de Bélgica, dado que la FIFA argumentó que el club belga también tendría que asumir la responsabilidad de la compensación.
Ante esto, el exjugador de fútbol inició un proceso legal en la justicia belga, y en 2017, el Tribunal de Comercio de Charleroi falló a su favor, determinando que el artículo 17.2 de la FIFA contravenía el derecho comunitario de la Unión Europea, lo que llevó a la FIFA a compensarlo económicamente con un pago provisional de 60.001€ por pagos adeudados.
El 4 de octubre, luego de que la FIFA recurriera ante el Tribunal de Apelación de Mons, habiendo remitido este el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, éste dictó su sentencia.
En el fallo se afirmaba que el Reglamento de la FIFA, que obliga a los clubes recién creados a hacerse cargo de las indemnizaciones tras la rescisión de un contrato, infringe el derecho comunitario. Específicamente, esto afecta a la libre circulación de los jugadores. El documento subrayaba que estas normativas, en lugar de promover la estabilidad contractual, constituían un obstáculo para la movilidad de los futbolistas.
Asimismo, el Tribunal criticó severamente al mercado de fichajes dominado por los clubes, calificándolo casi como un “cártel” que restringe la competencia. Aunque el TJUE reconoce el rol de la FIFA y la UEFA al regular el fútbol, critica y cuestiona su actuación en casos de rescisión contractual.
La FIFA se limitó a declarar que “trabajará con ellos acerca de las conclusiones obtenidas tras el caso Diarra y los cambios pertinentes a realizar en el artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto de las Transformaciones de los jugadores (RSTJ)”.
Actualmente, el caso regresa al Tribunal de Mons, en Bélgica, donde espera por su decisión, la cual está por determinar la legalidad de las normas de la FIFA, sentando el terreno para un nuevo panorama de debate en el marco de las disputas entre los jugadores y sus clubes.
